Las fosas comunes, en el olvido; cadáveres sin nombre

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Actualmente se carece de un protocolo unificado en el país para el manejo final de restos humanos que son depositados en panteones oficiales sin identificar; hay contabilizadas, entre 2013 y el 31 de julio del presente año, 13 mil 616 personas no localizadas

POR EXCELSIOR

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la presente administración federal se tiene el registro de 14 mil 184 personas extraviadas desaparecidas, se han ubicado 156 fosas clandestinas con el hallazgo 303 cuerpos y, ante la dimensión de este problema, las autoridades carecen de un protocolo nacional para la identificación de restos humanos y su destino final en fosas comunes oficiales.

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), tiene contabilizadas, entre el 2013 y hasta el pasado 31 de julio del presente año, a 13 mil 616 personas no localizadas en denuncias del fuero común.

Cifras del mismo organismo establece que, entre enero de 2013 y hasta el pasado 31 de agosto, había el reporte de 568 personas en casos relacionados con delitos del fuero federal.

Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene el registro de 156 fosas clandestinas localizadas, con el hallazgo de 303 cadáveres, por los que se han iniciado las investigaciones correspondientes.

Los casos de fosas para la inhumación ilegal de restos, han sido muchos, algunos escandalosos como el de San Fernando, Tamaulipas, en donde entre 2010 y 2011 se localizaron 192 cuerpos, la mayoría de ellos de migrantes centroamericanos.

En noviembre de 2013 fueron ubicadas 35 fosas clandestinas con un total de 68 cuerpos en el municipio de La Barca, Jalisco, como parte de las investigaciones por la desaparición de dos agentes de la PGR.

Mientras que, en el marco por las investigaciones de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, la dependencia federal descubrió 17 fosas ilegales con 39 cuerpos, entre el 18 de noviembre de 2014 y el 26 de enero de 2015.

Estas cifras no incluyen en reciente caso de la fosa clandestina ubicada en el ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, estado de Coahuila, en donde en un área de aproximadamente 160 mil metros cuadrados, se han encontrado más de cuatro mil fragmentos óseos, en los primeros días de octubre.

Sin un protocolo unificado

Entre el 23 de mayo y el 3 de junio del presente año, se realizó la exhumación de 117 cuerpos humanos, de un total de 119, y 12 bolsas con restos, en el panteón municipal de la comunidad de Tetelcingo, en Cuautla, Morelos, por parte de la Fiscalía General de la entidad.

Este caso, en donde sólo han sido identificadas por su nombre 21 de las víctimas y en 44 no se inició una investigación pese a que murieron en circunstancias de violencia, puso en evidencia la falta de un protocolo unificado en el país, para el manejo final de restos humanos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en voz de su segundo visitador general, Enrique Guadarrama López, manifestó esta necesidad, el pasado 6 de octubre, cuando se presentó la Recomendación 48/2016, por caso de las fosas de Tetelcingo.

“Este caso, más allá de su relevancia y consecuencias en el Estado de Morelos, en opinión de la CNDH pone en evidencia la necesidad de que se establezcan en todo el país, protocolos y normas de actuación unificadas, conforme a estándares internacionales, para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos.

“La urgencia de contar con un banco genético de datos, un registro nacional que permita avanzar en los múltiples casos de desaparición que se tienen; la importancia de revisar el marco normativo aplicable a los panteones y lugares de inhumación en nuestro país, así como de revisar los mecanismos para vigilar su cumplimiento y las sanciones a las que se hagan acreedores quienes lo infrinjan”, señaló en ese momento el visitador Guadarrama López, de la CNDH.

Para la realización de este trabajo, Grupo Imagen solicitó a la PGR una entrevista para conocer los avances en la integración de un banco nacional de datos que reúna la información de los restos encontrados en el país, así como su protocolo para el manejo y destino final de restos; sin obtener respuesta favorable.