Omnia Gadalla, una profesora de la histórica Universidad egipcia de Al Azhar, volvió a bajar a finales de octubre, decepcionada, la escalinata que conduce al Consejo de Estado tras haber visto rechazado, una vez más, su desafío legal contra un decreto presidencial de 2015 que privó a las recién graduadas en Derecho de acceder a cargos judiciales en Egipto.
“El tribunal dictó su fallo exponiendo que las solicitudes para cubrir puestos judiciales se dirigían solo a hombres, pese a que hay artículos constitucionales muy claros que establecen que la discriminación es un crimen y otros que estipulan que el Gobierno se compromete a seleccionar a mujeres en todas las autoridades judiciales”, arremete Gadalla en una conversación con EL PAÍS, en la que asegura que va a utilizar su último recurso de apelación.
Como subraya la jurista, en Egipto no existe ninguna ley o reglamento que prohíba a las mujeres ocupar cargos judiciales, pero su participación en la judicatura es aún mínima, sobre todo por la fuerte oposición interna de la propia judicatura. En 1933, la abogada Naima Al Ayoubi se convirtió en la primera mujer en completar el grado de Derecho en Egipto, pero no fue hasta 2003 cuando otra mujer, Tahani Al Gebali, fue nombrada por primera vez para un puesto en el poder judicial. Desde entonces, solo unas decenas más han sido promocionadas, en un goteo criticado por encubrir una discriminación sistemática. A día de hoy, se estima que, de más de 12.000 jueces, Egipto solo cuenta con 66 juezas, y las mujeres aún tienen prohibido presentarse a cargos en el Consejo de Estado y la Fiscalía.
Gadalla fue una de esas egipcias licenciadas en Derecho que intentó acceder a la judicatura, pero su sueño fue enterrado por el hecho de ser mujer. “Cuando hice la solicitud, me encontré con una actitud muy dura y grosera de candidatos y funcionarios”, evoca. “Había sido objeto de otras discriminaciones antes, pero esta vez decidí que no iba a quedarme en silencio”, agrega.
Lo que inició fue una larga lucha para combatir la flagrante discriminación de las mujeres en la judicatura. Por un lado, Gadalla lleva siete años inmersa en una batalla judicial librada a través de dos casos presentados en 2014 y 2015 para ser considerada igual que sus compañeros hombres. Por el otro, la egipcia fundó la iniciativa Her Honour Setting the Bar, desde la que apoya los casos de otras graduadas que buscan ejercer de juezas. También presiona a las autoridades y realiza estudios legales y campañas de concienciación.
Gadalla señala que la discriminación de las mujeres en el poder judicial afecta a futuras generaciones de graduadas, que pueden ver sus aspiraciones coartadas en una limitación que, según ella, se junta con el estigma social que aún pesa sobre las que ambicionan convertirse en juezas.
Este mismo año, las egipcias han articulado un amplio movimiento para denunciar la extendida cultura de la violación en el país y contra la persecución de chicas influyentes en las redes sociales por difundir contenido que las autoridades consideran inmoral. Y en ambos casos, el poder judicial se ha encontrado en el punto de mira, en el primero por su pasividad y en el segundo por su agresividad. “En principio, no es necesario que una mujer vaya a aplicar la ley diferente”, considera Gadalla, pero “en casos de violencia doméstica y problemas familiares y matrimoniales, las juezas tienen un papel muy importante”. “Incluso si se llega a ignorar la opinión de esta mujer, al menos contaríamos con una voz de alarma”, desliza.
Por su parte, el presidente egipcio, Abdelfatá Al Sisi, defiende una alianza estratégica con Egipto pese a las críticas de las organizaciones humanitarias para potenciar el papel de la mujer en el país. Pero tras siete años en el cargo, los resultados siguen brillando por su ausencia. El presidente declaró 2017 el año de la mujer y mandó elaborar una hoja de ruta, la Estrategia para el Empoderamiento de la Mujer 2030, que contempló que el porcentaje de juezas en el país aumentara a un 25%, una cifra que se estima que no se alcanzaría ni destinando todos los nombramientos de los próximos 10 años exclusivamente a mujeres. Desde aquel año, además, ninguna ha sido seleccionada.
“Quizás los jueces me ven y piensan que soy solo una voz y no es importante. Al fin y al cabo solo soy una profesora adjunta demandando al Estado”, nota Gadalla, que concluye: “La solidaridad es lo que marca la diferencia”.
POR EL PAÍS
