Texto: Arturo Contreras Camero
Fotos: Moisés Zúñiga Santiago y Arturo Contreras Camero
Migración, abusos a derechos humanos, esclavitud sexual. El conocido escenario en la frontera de México y Guatemala que encontró la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en su recorrido de seis días por la región. Pero encontró algo más: el desplazamiento humano por proyectos extractivos, y la esperanza de los pueblos en resistencia.
Durante seis días recorrieron dos de las rutas más peligrosas que usan los migrantes centroamericanos y de otras naciones para entrar a México por su frontera sur.
Desde Ciudad de Guatemala a Tenosique, Tabasco, y de allí a San Cristóbal de las Casas. Más de 600 kilómetros de distancia. Un camino donde la historia se repitió en cada sitio donde se detuvo la Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos.
En la región compartida entre México y Guatemala existen temas comunes de agresiones de género, amenazas de grandes proyectos extractivos y de explotación de recursos naturales, migración –causada en parte por este problema- y, sobre todo, una profunda esperanza de los pueblos que defienden su territorio.
“Nuestro objetivo es la visibilización de las violaciones a los Derechos Humanos, las violencias que sufrimos como la criminalización, la militarización y la securitización. Porque hay una estrategia nacional de seguridad que criminaliza y estigmatiza los movimientos sociales como enemigo interno de un sistema hegemónico económico y político basado en los despojos y la corrupción”, explica Quique Vidal Olascoaga de Voces Mesoamericanas, una de las organizaciones que coordinan la Mesa Transfronteriza de Migración y Género, que hizo la Misión.
Los activistas del grupo, representantes de once organizaciones civiles, documentaron la estrategia del Estado guatemalteco para apoderarse de grandes extensiones de territorio, casi siempre con un fuerte potencial de recursos naturales:
Primero, despliegan operaciones policíacas y militares en las zonas de su interés para ofrecer un cerco de protección a las grandes empresas. En este punto es común criminalizar a los opositores, especialmente organizaciones locales.
Enseguida las empresas realizan misiones de observación y reconocimiento de campo, un paso esencial para conocer las necesidades locales que se atienden con programas asistencialistas en los pueblos.
Resultado: división de las comunidades que prefieren evadir consultas sobre el destino de sus territorios. El siguiente paso es la migración de los vecinos a lo que se conoce como ciudades intermedias, nuevos asentamientos urbanos con los servicios que no existen en los pueblos de origen.
Es todo. Las tierras que se van a explotar quedan disponibles, listas para la minería, explotación de selvas y bosques o, lo más nuevo, los monocultivos depredadores como la palma de aceite.
Un modelo que se aplica en ambos lados de la frontera. ¿Dónde empezó? Da igual. El resultado es el mismo. Cientos de personas de distintos orígenes y pueblos se lo contaron a la Misión que es, por cierto, la primera en su tipo que se realiza en el territorio común del sur.
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La mezcla de intereses de empresas, crimen organizado y protección de autoridades es la constante en este largo viaje.
Y en sus conclusiones la Misión advierte que la estrategia de dividir y desplazar comunidades va más allá del despojo territorial. En el fondo agravan la violencia de género, normalizan la exclusión de las mujeres en su participación política y comunitaria y las confinan a su antigua tradición patriarcal.
También se termina con prácticas médicas ancestrales, vinculadas históricamente a las mujeres, como el cuidado durante el embarazo que proveen parteras y comadronas.
En este punto juega un papel fundamental los sistemas estatales de salud que, en el papel, ofrecen mejorar la calidad de vida de las comunidades pero que en la realidad resultan insuficientes.
La Misión también supo de los abusos cotidianos a mujeres migrantes en algunos de los pueblos que visitaron, y que forman parte de la ruta de personas en su camino a Estados Unidos.
Un problema tan frecuente que para las comunidades se ha convertido en algo normal, sin darse cuenta de la gravedad social que significa.
Un elemento diferente es el reconocimiento a las personas que huyen de sus países por la violencia contra su preferencia sexual. Se trata de un grupo cada vez más nutrido de la comunidad LGBTI amenazado por pandillas como la Mara, policías locales o grupos de extrema derecha en el poder, como sucede en Honduras.
“Hace unos años no era normal encontrar migrantes parte de la población LGBTI que nos dicen que han huido porque estaban siendo amenazados o porque habían sido víctimas de violencia debido a su orientación sexual, lo que es cada vez más normal”, explica Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de investigación de Amnistía Internacional para las Américas.
Y en el camino el tema cotidiano de la trata de personas, un elemento que no termina de entenderse en ésta, una de las principales regiones de origen de esclavas sexuales y laborales para Norteamérica, donde las redes de traficantes de personas –les dicen coyotes– tienen un papel fundamental.
Así el resultado de la Misión. Una travesía donde unas mil 600 personas que representaron a 70 organizaciones de varios países rindieron su testimonio, esperanzadas en que su voz trascienda las fronteras del silencio e impunidad y lleguen a donde alguien las escuche.
La esperanza no es gratuita. En la caravana de activistas viajaron la eurodiputada, Marina Albiol; la directora de investigación de la oficina para las Américas de Amnistía Internacional, Carolina Jiménez Sandoval; investigadores del Instituto Hemisférico de la Universidad de Nueva York como Diana Taylor y Marcial Godoy; así como Joy Olson, la directora de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés).
¿Servirá de algo su testimonio? Los pueblos Mam, Quiché, Q’anjobal, Kakchiquel, Tzeltal, Tzoztsil y Tojolabal, que recibieron y alimentaron a los misioneros, creen, esperan que sí.
“Este trabajo forma parte del proyecto En el Camino, realizado por la Red de Periodistas de a Pie con el apoyo de Open Society Foundations”. Conoce más del proyecto aquí: enelcamino.periodistasdeapie.org.mx
