En la Opinión de David Brondo

La puesta en marcha de la primera etapa del proceso de  revocación de mandato del presidente López Obrador es un disparate del sistema político. No tiene nada que ver con la democracia, ni con el pueblo ni la participación social.

A pesar de la insistencia del régimen y Morena, sólo hay una posibilidad de cerrarle el camino: si las organizaciones promotoras no logran recopilar para el 15 de diciembre los 2 millones 800 mil firmas de apoyo obligadas para iniciar el proceso de la revocación, la petición sería desechada. 
Hay razones para ponerle el pestillo a ese desatino: 

  • En primer lugar, nadie ha puesto en duda la legitimidad del triunfo de López Obrador ni de su gobierno. Tampoco la popularidad del mandatario. Las encuestas revelan porcentajes de aprobación del presidente de hasta un 63 por ciento.
  • Nadie tampoco está pidiendo a gritos su salida del poder. ¿Quiénes son los impulsores de la revocación? ¿Cuál organismo civil promueve el proceso? Nadie los conoce. Bajo el camuflaje de ser parte de la sociedad civil, candidatos, diputados, ex candidatos y dirigentes de Morena y otros partidos afines impulsan la revocación.
  • La petición es una exigencia del presidente de la república y de las élites partidistas para sus juegos políticos. Y nada más. Ni ciudadanos, ni empresas ni organismos civiles la tienen en su agenda de prioridades. El proceso en marcha no tiene nada que ver con los conceptos de ciudadanía y democracia. 
  • La revocación de mandato es un instrumento de los ciudadanos, no de los gobernantes ni de los partidos. La legislación en la materia es clara al señalar su propósito: “(La Ley de Revocación de Mandato) tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las ciudadanas y los ciudadanos a solicitar, participar, ser consultados y votar respecto a la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia”.
  • El costo económico de una consulta estéril será monumental para un país con una enorme deuda social con los grupos más desfavorecidos: 4 mil millones de pesos.

A estas alturas, la revocación se ha convertido en una cuestión Estado. No importa lo que digan la ley o la ciudadanía. Tampoco importa la democracia. Tampoco importa que a nadie le importe más allá de al presidente y sus redes de poder. Al régimen de Morena le importa, sí, tener a mano una palanca de propaganda y promoción. 

Esa es la desgracia política del caso: se desgasta una figura democrática en aras de los intereses de las camarillas de poder, no de la nación. Al presidente la revocación le viene como anillo al dedo: le permite seguir atizando el fuego de la polarización, mantener viva la flama del encono, fortalecer sus bases duras y sostener —junto con sus partidos— sus eternas campañas de promoción. Más ahora que están en puerta seis procesos electorales en los estados. 

Todo es ganar-ganar para López Obrador. ¿Puede el presidente con una aprobación del 60 por ciento perder una consulta de revocación de mandato? Por supuesto que no. Eso es lo ridículo de esta incoherencia: el mismo régimen con un mandatario altamente popular promueve una consulta para ver si el “pueblo” quiere destituirlo. Nada más absurdo.

Estamos ante lo que el politólogo Giovanni Sartori llama una decisión de suma cero: “Una decisión es llamada de suma cero (zero sum)”, dice el pensador italiano, “cuando el que sale ganando lo gana todo y el que sale perdiendo lo pierde todo (y la victoria equivale exactamente a la pérdida: yo gano lo que el otro pierde)”.

Sacar adelante las 2 millones 800 mil firmas de apoyo para iniciar la consulta aparentemente será fácil para una maquinaria de Estado. Así que es casi un hecho que el próximo 27 de marzo tengamos otra cansada, inútil y costosa jornada electoral.

La revocación, por fortuna, no tendrá ningún carácter vinculatorio si ese día no vota más del 40 por ciento de los electores inscritos en el listado nominal. Ya en la descabellada consulta de agosto pasado para juzgar a los ex presidentes, la ciudad mostró su escepticismo y hartazgo: apenas votó el 8 por ciento. Abstenerse de validar disparates es también un voto, una decisión. No le hagamos el caldo gordo a los voceros de las conspiraciones ni a las banderas de la división nacional. No participemos de este juego de suma cero.

Galerín de Letras 

Era imposible que tras su cena a todo lujo en el restaurante Hunan, de Lomas de Chapultepec, Emilio Lozoya siguiera llevando en libertad sus procesos judiciales por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa. Toda la credibilidad del régimen que lo había cobijado hasta el cansancio como “testigo protegido” estaba en entredicho. Hoy el ex director de Pemex está tras las rejas. La factura del pekin duck bañado en salsa de soberbia de aquella cena ha sido la más cara que ha pagado en su vida. Como quiera que sea, es muy barata para los delitos que, según las Fiscalía General de la República, cometió.

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