Por Andrea Santa María
Los primeros minutos del 2017 recibieron a los mexicanos con un incremento de hasta el 20% en el precio de los combustibles, el cual ha sido una de las medidas del Gobierno Federal que mayor descontento ha generado entre la población, la cual ha pasado por el desconcierto, la protesta pacífica e incluso a los saqueos y acciones con violencia en diferentes puntos del país como respuesta a este golpe a la economía familiar.
Si bien este hecho no era del todo desconocido pues, días antes de finalizar el 2016 la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo público el esquema de aumentos que se aplicaría en cada una de las 90 regiones en que se dividió el país con base al decreto emitido por el Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, las repercusiones de esta incertidumbre inflacionaria golpeó de tal manera a la sociedad que en pocos días se paralizaron rutas de transporte público en ciertos estados y los arrestos se sumaron por miles sobre todo en el centro del país.
En la frontera de Tamaulipas la respuesta no se hizo esperar y aunque el panorama era distinto pues la ciudadanía no se mostraba interesada en participar en marchas contra el llamado gasolinazo, fue de parte del sector empresarial que se escuchó la voz del descontento.
Al segundo día de haber entrado en vigor esta alza en los costos de gasolina y diésel, los gasolineros de la franja fronteriza que comprende el territorio de Matamoros a Nuevo Laredo, iniciaron reuniones para establecer una línea de acción ante una situación que les hacía “comprar caro para vender barato” debido a la eliminación del estímulo fiscal que se había mantenido en la región para mantener una homologación con el mercado estadounidense.
A lo largo de varios días se discutió a puerta cerrada si cerraban sus negocios en protesta o bien dejaban de comprar el combustible a PEMEX como medida de presión para que las autoridades hacendarias dieran “su brazo a torcer” devolviendo las facilidades que habían mantenido hasta los últimos segundos de 2016, logrando, luego de una semana, establecer una mesa de negociación en la Ciudad de México con representantes de la SHCP, PEMEX y la ONEXPO.
México no se repone del gasolinazo
Con la exposición de sus necesidades empresariales y bajo la premisa de agotar sus reservas y no comprar más hidrocarburo a la paraestatal hasta no ver resultados positivos, lograron con el paso de los días que se ofreciera un estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de 2.91 pesos en gasolina menor a 92 octanos y 1.58 por la mayor a 92 octanos en el periodo del 18 de enero al 24 de febrero.
Si bien este acuerdo no satisfizo los deseos de los inversionistas del gremio, lo aceptaron, volviendo a “jugar con sus reglas del juego”, aunque aseguraron que no eran las más benéficas para su ejercicio comercial, lo cual se evidenciaba con el cierre momentáneo de 15 establecimientos en toda la zona debido a pérdidas económicas.
Paralelo a esto y ante la crisis que se vivía en el territorio nacional por la amenaza latente de una elevación en el monto de productos de la canasta básica, trasporte y servicios, la Presidencia de la República tomó la decisión de firmar el 6 de enero, el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar con organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo.
En éste, se planteaban “acciones necesarias” a efecto de proteger la economía familias; fomentar las inversiones y el empleo; preservar la estabilidad económica; y preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el estado de derecho; con la subsecuente creación del Programa de Repatriación de Capitales y el Acuerdo Maseca.
Sin embargo, aunque el Consejo Coordinador Empresarial plasmó su apoyo a estas medidas con la firma de su presidente, Juan Pablo Castañón, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hacía público su completo rechazo a esta medida por considerarla precipitada, poco concreta y con una inclinación a responder únicamente a “objetivos políticos y mediáticos”, sin considerar “la realidad de nuestro país”.
En Reynosa, la presidenta de este organismo, Sandra Guardiola Sáenz, presentó “El acuerdo que México Necesita”, que se exponía de manera simultánea en los 65 centros empresariales del país por sus respectivos representantes, y en el que se enunciaban líneas de acción críticas hacía la administración actual, pues señalaba entre otros aspectos, el eliminar por lo menos la mitad de los programas sociales duplicados que ha identificado CONEVAL y que representan un riesgo de gasto de más de 200 millones de pesos para 2017 debido a que son usados para el clientelismo electoral.
Además, resaltaba que la implementación de recortes en el presupuesto público debía ir más allá del discurso, ya que en 2016 no sólo no se efectuó esta medida que el presidente de la República había puesto como compromiso, sino que se aumentó en 5.9% el gasto del Gobierno Federal.
A un mes de estos incrementos y a la espera de dos gasolinazos más durante el mes de febrero, los mexicanos han buscado alternativas para hacer frente a esta situación, realizando además de protestas físicas, protestas legales a través de amparos que, bajo el argumento de violentar derechos y garantías individuales, pretenden quedar exentos de las variaciones que se presenten este año, manteniendo los importes que prevalecieron hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal pasado.
Esto último pudiese volverse un nuevo punto de debate nacional pero ahora entre consumidores y gasolineros ya que, la misma ONEXPO emitía recomendaciones a los expendedores para protegerse ante los compradores que se rehusaran a pagar el precio de factura completo, expresando que “estarían incurriendo en un delito” pues las estaciones de servicio “no son entidades responsables de determinar los precios al público” por lo que debían invitarlos a solicitar su devolución ante el SAT y, en caso de enfrentamiento “no caer en provocaciones ni discusiones” y “llamar a los elementos de seguridad pues se trata de un ilícito el no pago”.
