La posibilidad de hacer públicos los registros de deudores alimentarios y agresores de mujeres en Tamaulipas comenzó a analizarse como una alternativa para fortalecer los mecanismos de protección frente a la violencia familiar, garantizar mayor transparencia y generar un efecto disuasivo en este tipo de conductas.
La propuesta aún no se encuentra formalmente en la mesa legislativa; sin embargo, desde la Comisión de Igualdad de Género y de la Diversidad del Congreso de Tamaulipas se estudian modelos que han sido aplicados en otras entidades e incluso a nivel internacional, donde la publicidad de estos padrones ha funcionado como medida preventiva.
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La presidenta de dicha comisión, Lucero Deosdady Martínez López, explicó que “una de las opciones sería dar publicidad tanto al registro de deudores alimentarios como al de agresores, permitiendo que la ciudadanía tenga acceso a esa información”.
El objetivo sería reducir los índices de violencia familiar, que continúan presentes en los indicadores, y generar un efecto disuasivo.
Según expuso, “en otros contextos hacer pública esta información ha contribuido a que las personas cumplan con sus obligaciones alimentarias y a visibilizar antecedentes de conductas violentas”.
Reconoció que se trata de un tema controversial por la protección de datos personales.
“Cualquier propuesta tendría que encontrar un equilibrio entre el derecho a la privacidad y el interés superior de proteger a mujeres, niñas, niños y otras posibles víctimas”.
Actualmente, el registro no es público, y modificar esa condición implicaría revisar el marco legal para evitar vulneraciones a derechos fundamentales.
Por “Milenio”
