La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Tamaulipas, Eva Araceli Reyes González, consideró que las diferencias existentes entre las legislaciones estatales en materia de feminicidio provocan que las mujeres no reciban el mismo acceso a la justicia en todo el país, por lo que respaldó la iniciativa presidencial que busca unificar los criterios para sancionar este delito.
La legisladora afirmó que resulta inadmisible que la protección de los derechos humanos cambie dependiendo de la entidad donde ocurra un feminicidio o una desaparición, pues ello genera desigualdad en la aplicación de la ley.
«No podemos seguir permitiendo que los derechos humanos de las mujeres tengan un valor distinto dependiendo del estado donde ocurrió el delito, la vida de una mujer asesinada en Tamaulipas debe tener exactamente la misma protección jurídica que la de una mujer en Sonora, Guanajuato o Yucatán, la justicia no puede cambiar por el simple hecho de cruzar una frontera estatal», sostuvo.
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La diputada señaló que la iniciativa de Ley General en Materia de Feminicidios presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum representa una oportunidad para corregir esas diferencias y establecer un mismo criterio jurídico en todo el país para investigar y sancionar este delito.
Explicó que actualmente existen diferencias entre las legislaciones locales, tanto en las penas como en la forma en que se investigan delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, situación que, dijo, termina generando condiciones de desigualdad para las víctimas y sus familias.
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«Necesitamos construir un piso parejo para todos los mexicanos, no puede haber estados donde la protección sea mayor y otros donde existan criterios distintos para investigar un feminicidio o una desaparición, los derechos humanos deben garantizarse de la misma manera en cualquier parte del país porque estamos hablando de la vida y de la dignidad de las personas», expresó.
Reyes González agregó que la armonización legal también obligará a los congresos estatales a revisar sus marcos normativos para adecuarlos a las nuevas disposiciones federales, fortaleciendo así el acceso a la justicia.
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«Esta discusión también nos exige a quienes somos legisladores prepararnos mejor y entender que los derechos humanos no pueden interpretarse desde una visión regional, tenemos que avanzar hacia leyes que respondan a estándares nacionales y que garanticen que todas las mujeres reciban la misma protección, sin importar en qué estado vivan o dónde ocurra el delito», concluyó.
Por Italia Soler / El Diario Mx
