Rumbo a la elección de 2027, el uso de la Inteligencia Artificial y de las redes sociales serán “un dolor de cabeza” para el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal (TEPJF).
Magistrados y consejeros electorales advierten que llegar a la elección más numerosa y polarizada sin regular la tecnología y las plataformas digitales complicará la contienda electoral.
“No hablo solamente del uso de Inteligencia Artificial por parte de las autoridades. Hablo, sobre todo, de su capacidad para transformar las condiciones en las que se desarrolla una campaña electoral y en las que la ciudadanía forma su decisión”, advierte el Magistrado del Tribunal Electoral, Felipe Fuentes.
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“Hoy podemos generar contenidos sintéticos prácticamente indistinguibles de un contenido auténtico; podemos reproducir la imagen o la voz de una persona y atribuirle declaraciones que nunca realizó; podemos producir y distribuir información falsa a gran escala y hacerlo, además, mediante mecanismos de microsegmentación capaces de dirigir mensajes distintos a grupos muy específicos de electores”, agrega.
En entrevista, el juez electoral aclara que por muchos años se pensaba que la propaganda era un mensaje identificable que se sabía de dónde venía y a quién iba dirigido.
Ahora, “la microsegmentación”, lamenta, modifica esa lógica, por lo que un mismo actor puede dirigir mensajes diferentes a distintos grupos de personas, de acuerdo con sus características, preferencias o comportamiento digital, sin que el resto de la sociedad conozca necesariamente esos mensajes.
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“Desde la perspectiva de la justicia electoral, eso plantea problemas que apenas estamos comenzando a dimensionar. Éste es uno de los riesgos que debemos reconocer con claridad. La tecnología está evolucionando a una velocidad mayor que nuestras herramientas jurídicas”, detalla.
Sin embargo, aclara, aunque el sistema electoral cuenta con categorías para responder a determinados casos, como propaganda, calumnia, violencia política, fiscalización, libertad del sufragio o valoración probatoria, no existe un catálogo normativo y jurisdiccional específicamente diseñado para responder a los deepfakes (contenido manipulado con Inteligencia Artificial), la microsegmentación política o determinadas formas de manipulación algorítmica.
“Y esa ausencia importa, porque el problema para un juez no consiste únicamente en advertir que una conducta puede ser social o democráticamente reprochable. Necesitamos determinar cuál es el derecho afectado, cuál es la norma aplicable, quién es responsable, cómo se acredita la conducta y qué consecuencia jurídica puede válidamente imponerse.
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“No podemos crear infracciones ni sanciones donde la ley no las establece, pero tampoco podemos cerrar los ojos ante nuevas formas de afectación de derechos simplemente porque la tecnología utilizada para producirlas no existía cuando se diseñaron nuestras categorías jurídicas”, abunda el Magistrado.
Por ello, insiste, el reto será encontrar respuestas constitucionales sin sustituir al legislador, interpretar las categorías jurídicas existentes y garantizar una tutela efectiva de los derechos político-electorales.
En marzo, en su reforma electoral, la Presidenta Claudia Sheinbaum buscó regular la AI, y pese a que no fue un tema al que se opusieron sus aliados ni los partidos de Oposición, en la iniciativa final no lo incorporó.
“Todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de Inteligencia Artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley. Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”, establecía la propuesta, incluso hablaba de sanciones.
El lunes pasado, Sheinbaum pidió al INE establecer límites a la propaganda política en redes sociales.
“Ellos tienen que definir reglas, características de lo que es la propaganda de las redes sociales, porque nosotros buscamos que esto quedara en la ley electoral, no se aprobó”, dijo la Mandataria.
Morena ha acusado a la Oposición de pagar miles de bots en redes sociales para hacer campaña sucia contra el partido y la Presidenta de la República.
El Tribunal Electoral podría establecer criterios únicamente a partir de que llegue un caso y aprueben una sentencia. Mientras que en el INE no existen indicios de iniciar con la discusión. De acuerdo con funcionarios electorales, el organismo tendría hasta antes del arranque de las precampañas, en enero del 2027, para emitir lineamientos sobre IA y redes sociales en las campañas.
Por Grupo Reforma
