CIUDAD VICTORIA, TAM.- Desde el primer minuto de este domingo y por los próximos 60 días, las y los 332 candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial de Tamaulipas podrán llevar a cabo sus campañas para alguno de los 147 cargos que están en juego y que por primera vez serán elegidos por voto popular.
Al mismo tiempo, iniciarán las campañas los candidatos a jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, que en el estado elegirá 26 posiciones, a los que se suman los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina y cinco del Tribunal Electoral.
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El 1 de junio se elegirán 10 magistraturas del Pleno, una supernumeraria, cinco del Tribunal de Disciplina Judicial, tres regionales, además de 106 juzgadores de Primera Instancia, uno de Ejecución de Medidas para Adolescentes, uno del Tribunal Electrónico en Materia Judicial y 20 menores, que entrarán en funciones el 1 de octubre de este año.
Las listas están integradas por 105 de jueces en funciones, que podrán competir en esta elección del domingo 1 de junio, pero también otros empleados del Poder Judicial del Estado, funcionarios estatales y abogados que aplicaron y solventaron todos los filtros, por lo que sus nombres aparecerán en las boletas electorales.
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Las y los candidatos no recibirán financiamiento público o privado para su campaña, por lo que el dinero deberá salir del patrimonio de cada una de las personas, se trata de “gastos personales” que serán fiscalizados. Los topes de campaña que se autorizaron para los puestos estatales, fueron en caso de las magistraturas de número, la supernumeraria, del Tribunal de Disciplina Judicial, dos juzgados de primera instancia, el tribunal electrónico de lo familiar y el de ejecución de medidas para adolescentes es de 954,405 pesos.
El monto que se autorizó es el mismo que se aplica para candidatos independientes a una diputación local. En el ámbito regional, que corresponde a las magistraturas regionales y algunos otros sistemas como el laboral, que se manejan en regiones o distritos judiciales, el tope de gastos de campaña será de 63,627 pesos.
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Mientras que para un juez de primera instancia o menor, que es el último ámbito territorial, también se aplicará el mismo tope de gastos de campaña autorizado es de 63,627 pesos. El periodo de campañas concluirá el 28 de mayo, y la jornada electoral se llevará a cabo el 1 de junio.
Ese día, más de dos mil casillas serán instaladas en todo el estado para recibir el voto de los tamaulipecos, quienes elegirán a los encargados de impartir justicia en la entidad. Al concluir, iniciará el proceso de cómputo y validación de resultados. Se dará prioridad a los candidatos con mayor número de votos y se asignarán los cargos de acuerdo con la especialización de cada aspirante, asegurando además una distribución equitativa entre hombres y mujeres. En caso de impugnaciones, las resoluciones deberán quedar definidas antes del 28 de agosto.
Finalmente, el 1 de septiembre, los funcionarios electos tomarán protesta y asumirán sus responsabilidades.
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Para organizar la elección local se han instalado 43 consejos municipales, distribuidos en cada uno de los municipios del estado, y 15 consejos distritales en las cabeceras de los distritos judiciales, esto porque la distritación judicial no coincide con la electoral que suele utilizarse en los procesos habituales. De modo que serán estos órganos los encargados de la recepción de boletas, el conteo de votos y la publicación de los resultados preliminares. El cómputo de votos también se llevará a cabo de manera distinta.
El proceso se realizará en varias etapas: del 1 al 10 de junio, los consejos distritales harán el primer conteo; el 12 de junio se llevará a cabo el cómputo estatal y el de circunscripción plurinominal; finalmente, el 15 de junio se efectuará la sumatoria total en el Consejo General del INE. Las campañas tampoco serán como las convencionales pues ahora hay más restricciones para la promoción de los aspirantes.
La primera, desde luego, es que no se permitirá la participación de los partidos políticos. Entre las principales prohibiciones incluyen jercer presión o coacción al voto, utilizar financiamiento público o privado para campañas o contratar espacios en medios de comunicación.
Tampoco podrán pagar por promoción en redes sociales, contratar servicios para realizar encuestas, ni realizar actos públicos tres días antes o durante la jornada electoral. La propaganda impresa deberá ser fabricada con materiales reciclables y retirarse tres días antes de la jornada electoral. Estas regulaciones aplican no solo a candidatos, sino también a servidores públicos, partidos políticos, militantes, observadores electorales y cualquier persona física o jurídica. Las infracciones serán procesadas mediante procedimiento ordinario sancionador, aunque ninguna contempla la cancelación de candidaturas.
Por Perla Reséndez
