La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo este domingo, después de 12 años, órdenes de aprehensión contra siete personas involucradas en la operación ‘Rápido y Furioso’, la cual implicó el tráfico ilegal de más de 2 mil armas de fuego de Estados Unidos a México.
Fueron siete los nombres que un juez dio para que fueran capturados, entre los señalados están Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa.
También se giró orden de aprehensión contra Luis Cárdenas Palomino, coordinador de Inteligencia de la Policía Federal en el mismo periodo.
El operativo “Rápido y furioso” ocurrió entre el 2009 y el 2011 cuando la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF), con el permiso de la Administración Obama, pero sin avisar al Congreso, permitió la salida de 2.500 armas ilegales a México.
El plan, que buscaba rastrear las actividades de los cárteles de la droga a través del armamento, fracasó y el rastro de las armas se perdió. En febrero de 2011, una de ellas acabó con la vida del agente estadounidense de la oficina de migración y aduanas (ICE) Jaime Zapata en un ataque en San Luis Potosí.
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La Fiscalía señala que los entonces funcionarios sabían de este operativo “absolutamente ilegal e inadmisible” y que Guzmán Loera era el líder de la principal organización que recibió el armamento. “Se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”, explica la Fiscalía en un comunicado. El Chapo se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Colorado (EE UU) cumpliendo una cadena perpetua por narcotráfico; García Luna está a la espera de un juicio en su contra en Nueva York por su complicidad con los cárteles de la droga; Cárdenas Palomino fue arrestado en julio de 2021 y enviado al penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, acusado de torturas en el caso Florence Cassez.
El operativo supuso una de las mayores tensiones en las relaciones de México y Estados Unidos. El Gobierno mexicano no había sido informado de la puesta en marcha del plan. La muerte de más de una agente estadounidense a manos de alguna de estas armas generó un debate en el Congreso estadounidense sobre el uso de los fondos públicos para este tipo de operaciones. En 2012, un informe sobre el caso eximió al entonces fiscal de EE UU Eric Holder del fracaso de Rápido y Furioso. “Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”, ha añadido este domingo la Fiscalía.
La Administración de Andrés Manuel López Obrador ha pedido explicaciones sobre el caso a Estados Unidos. En mayo de 2020, la cancillería envió una nota para conocer los detalles de la operación, aunque hasta ahora se desconoce si ha existido una respuesta o intercambio de información sobre el asunto con el Gobierno estadounidense. Además, el Gobierno mexicano ha emprendido una lucha contra el tráfico de armas desde la frontera norte: en agosto presentó la primera demanda contra 11 compañías armamentísticas que han facilitado su tráfico ilegal hacia México.
POR EL PAÍS
