En medio de las tensiones por los 10 funcionarios de Sinaloa que ha reclamado el Departamento de Justicia de Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico —en los que está el gobernador morenista Rubén Rocha Moya—, el Gobierno de México ha exhibido los pendientes que tiene Washington en materia de extradiciones. Desde 2018, la Administración mexicana ha solicitado el envío de 269 personas y, hasta la fecha, todavía no se ha otorgado ninguna, según ha detallado la presidenta, Claudia Sheinbaum, este martes en su rueda de prensa matutina. Entre los prófugos de la justicia mexicanos señalados está el rey de las factureras Víctor Manuel Álvarez Puga; también José Ulises Bernabé, responsable de una instalación de la policía de Iguala por el caso Ayotzinapa y el exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, buscado por delincuencia organizada.
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Por el momento, Estados Unidos ha denegado 36 de esas peticiones y tiene al menos 233 procesos “pendientes de concluir”. Sin embargo, Sheinbaum ha asegurado que seguirán insistiendo en la entrega de más de dos centenares de prófugos de la justicia mexicana. “Del primero de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, 269 procesos de extradición y no han enviado ninguno, porque la relación es recíproca.”, ha enfatizado. “Hay casos gravísimos para México, hay factureros, exgobernadores, acusados de delincuencia organizada, Ayotzinapa… y no hay entrega de ninguno de estos presuntos delincuentes a México”, ha añadido antes de pedir reciprocidad a su vecino del norte. “¿Por qué no han entregado ninguno, si son casos relevantes y hay reciprocidad?“, ha preguntado.
Algunos de esos casos relevantes son García Cabeza de Vaca, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó su amparo político el pasado febrero para reactiva la orden de aprehensión por presuntamente incurrir en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y por favorecer a empresas afines a él entregándoles contratos de obras públicas. En este caso, el Gobierno de México ha solicitado una orden formal, es decir, que ya se ha entregado toda la información adicional que ha pedido Estados Unidos.
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Otro de los casos relevantes reclamados por México es el del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de idear y dirigir un sistema que posibilitó el desvío millonario de recursos mediante contrataciones falsas, blanqueo de recursos y evasión fiscal a escalas monumentales a través de empresas fantasma. Pese a que tiene ficha roja emitida por la Interpol, una orden de captura en México y que fue detenido en Miami por la policía migratoria, el Gobierno de Estados Unidos negó la orden de extradición porque los delitos de los que se le acusa no son de carácter violento.
La misma excusa aplicó para el empresario mexicano Rafael Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono, ambos acusados por la Fiscalía General de la República de delincuencia organizada y lavado de dinero. Ambos están señalados por recibir una indemnización de 5.088 millones de pesos (294 millones de dólares) por parte del Infonavit, tras la terminación anticipada de un contrato, en un acuerdo de compensación económica que resultó un fraude. Padre e hijo también fueron detenidos por la policía migratoria, pero Estados Unidos frenó la extradición por no considerarlos un riesgo para la sociedad civil.
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En el caso Ayotzinapa, hay dos personas en Estados Unidos buscadas por México. Una de ellas es el antiguo juez de Barandilla de Iguala José Ulises Bernabé, quien estaba a cargo de una instalación de la policía donde los criminales habrían llevado presuntamente a una parte de los 43 estudiantes normalistas. Su orden de extradición data de mediados de 2024, pero Bernabé vive en Estados Unidos bajo la protección del asilo político. El otro fugitivo es Pablo ‘N’, alias El Transformer, acusado de ser miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos y de participar en la masacre de 2014.
La presidenta ha usado esa lista para contestar a las críticas de frenar el envío de los altos cargos de Sinaloa en política, seguridad y de la fiscalía buscados por Estados Unidos. Desde que se hizo público el requerimiento del Departamento de Justicia, basado en una investigación de la DEA, la presión para entregar a Rocha, así como al senador morenista Enrique Inzunza, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y varios altos mandos de la policía, no ha dejado de crecer. Sin embargo, el Gobierno mexicano se aferra a que la solicitud no tiene pruebas suficientes para justificar el carácter urgente del trámite. “Cuando hemos solicitudes de que se extraditen personas que están allá, que han cometido delitos en México, nos piden pruebas o no los extraditan porque dicen que no hay pruebas suficientes”, ha señalado Sheinbaum.
Por El País
