Para enfrentar las fallas en la procuración de justicia, reflejada en demoras procesales, rezago en la integración de carpetas de investigación y limitada atención a víctimas, la Fiscalía de Justicia en Tamaulipas otorgará apoyos económicos a personas que participen en procesos de formación y capacitación inicial.
Esta medida será financiada con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y busca fortalecer las capacidades institucionales ante la creciente carga de trabajo.
De acuerdo con la propia institución, durante el último año se registraron cerca de 40 mil carpetas de investigación en el estado, lo que ha rebasado su capacidad operativa. En un diagnóstico interno, la FGJE reconoce que enfrenta limitaciones derivadas de la insuficiencia de personal especializado, la sobrecarga laboral, la falta de herramientas tecnológicas y la fragmentación en los procesos de investigación.
Estas condiciones, señala, han contribuido a una percepción ciudadana de impunidad y desconfianza hacia las autoridades encargadas de procurar justicia.
Asimismo, la Fiscalía advierte que persisten deficiencias en la infraestructura tecnológica y una débil coordinación interinstitucional con corporaciones de seguridad y autoridades judiciales. “Esto ha generado consecuencias como el aumento de la impunidad, la disminución de denuncias, la revictimización y un deterioro en el Estado de Derecho”.
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Ante este panorama, la institución plantea profesionalizar al personal ministerial, pericial, policial y administrativo; reducir los tiempos de integración de carpetas; modernizar los sistemas tecnológicos; mejorar la atención a víctimas con perspectiva de género; y reforzar la coordinación con instancias de seguridad y justicia.
En el Acuerdo 02/2026, publicado en el Periódico Oficial del Estado, se establece que se otorgarán becas a personas aspirantes que participen en los procesos de formación inicial promovidos por la Fiscalía e impartidos por la Universidad de Seguridad y Justicia.
El objetivo es atraer talento comprometido con el servicio público y garantizar que el personal de nuevo ingreso cuente con las competencias técnicas, éticas y jurídicas necesarias para el desempeño de sus funciones, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema de justicia y a la recuperación de la confianza ciudadana.
Recientemente, México Evalúa, organismo no gubernamental, señaló que Tamaulipas es el estado del país con mayor cifra negra u oculta, es decir, donde menos se denuncian delitos, concluyendo que solo se investiga el 3% de los ilícitos cometidos.
Por “Milenio”
