Órganos autónomos de procuración e impartición de justicia federal en Tamaulipas enfrentan este año un ajuste presupuestal que impacta su operación. El recorte forma parte de las reducciones aplicadas a nivel nacional y podría incidir en rubros como infraestructura, equipamiento, personal y capacidad de atención a la ciudadanía.
La Fiscalía General de la República pasó de 79.1 millones de pesos en 2025 a $76.6 millones en 2026, una reducción nominal de $2.5 millones. En términos reales -considerando la inflación- el ajuste representa una caída del 6.5% en su capacidad de gasto, lo que implica menor margen operativo para el ejercicio de sus funciones.
En el mismo periodo, el Poder Judicial de la Federación redujo su presupuesto de 100.7 a 90.3 millones de pesos, lo que representa una disminución nominal de $10.4 millones. La baja real equivale a 13.4%, es decir, una contracción de prácticamente el doble del decremento aplicado a la FGR, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
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También se advierte que el presupuesto del INE en Tamaulipas pasó de 332.2 millones de pesos el año pasado a $224.4 millones en 2026, una disminución nominal de $107.8 millones. Con el efecto de la inflación, la caída equivale a 34.7%.
Otra dependencia federal impactada fue el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), transitando de 251.5 millones a 219.3 millones de pesos, por lo que ahora ejerce $32.2 millones, un ajuste real a la baja del 15.8% en comparación con el año pasado.
El documento “Gasto Programable 2026 del Presupuesto de Egresos de la Federación”, clasifica los recursos etiquetados para estas y otras instancias de ese ámbito administrativo. Se trata del dinero que se destina a la operación de instituciones, pago de servicios públicos, financiamiento de programas, inversión en infraestructura y, en general, al funcionamiento del aparato gubernamental.
No contempla el llamado gasto no programable, que corresponde a obligaciones financieras que el gobierno debe cubrir de manera ineludible y que no forman parte de programas operativos, como el pago de deuda, participaciones y otros compromisos fiscales previamente adquiridos. Es decir, son recursos que no están sujetos a decisión anual, sino que deben pagarse por mandato legal o contractual.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados cuya función es proporcionar análisis y asesoría en materia económica y presupuestaria a los legisladores.
Por lo tanto, se trata del equipo técnico que ayuda a los diputados a entender cifras, proyecciones y efectos del presupuesto público. No toma decisiones, analiza el paquete económico (ingresos, gasto y deuda), evalúa el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyecta crecimiento, inflación, deuda y déficit, elabora estudios sobre finanzas públicas federales y estatales y da soporte técnico a comisiones legislativas.
Por “Milenio”
