Explotan tierras ancestrales

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Por Animal político

Bosques San Elías Repechique es una región enclavada en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, cuyas tierras y riquezas naturales han sido comercializadas por las autoridades en turno, así como por particulares, al menos desde la época del Porfiriato y hasta el presente y con una peculiaridad: cada vez que estas tierras han sido vendidas, las transacciones no sólo han incluido el suelo, sino también a los pueblos indígenas que, desde hace siglos, habitan ahí.

Incluso ahora, las autoridades mexicanas reportan oficialmente que esta comunidad es inexistente y, por esta vía, sus tierras han sido reclamadas en los años pasados para distintos proyectos privados: un aeropuerto, un gasoducto, y más recientemente, para la tala comercial de sus bosques.

“Sobre la existencia de esta comunidad rarámuri se cuenta con varios documentos históricos –explica Diana Villalobos, directora de la asociación civil Consultoría Técnica y Comunitaria, que brinda acompañamiento legal a los habitantes de Bosques San Elías Repechique–: existen fes bautismales de la época de la Colonia, los antecedentes registrales de 1888 y de 1906 mediante los cuales Porfirio Díaz vendió la región, dividiéndola en dos grandes propiedades, una de 70 mil hectáreas y otra de 15 mil, y en ambos casos las escrituras especificaban que eran tierras habitadas por indígenas.”

Luego de la Revolución, a esas dos propiedades “privadas” les fueron restando tierra para crear nuevos ejidos, pero sus propietarios originales, los rarámuris, no fueron incluidos en la dotación de tierras, que en su caso implicaría solamente reconocer su existencia y su propiedad sobre la comunidad que ya habitaban.

Tras el reparto agrario, Bosques San Elías Repechique se redujo de 85 mil a 33 mil hectáreas, que seguían siendo consideradas propiedad privada, aunque estuvieran habitadas por pueblos indígenas, repartidos en 33 rancherías.

“Al menos desde 1940, la comunidad rarámuri de Bosques San Elías Repechique ha luchado por el reconocimiento de su existencia –detalla Diana Villalobos– y de su propiedad sobre esas tierras. Se trata de 33 mil hectáreas, oficialmente divididas en 12 propiedades particulares, cuyos dueños ‘legales’ son 50 personas que nunca han pisado la zona: familias que viven en Toluca, en Estados Unidos, en Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc… estas familias, en 2007, le enviaron una carta a la comunidad rarámuri, en la que les informaban que estaban viviendo ahí de prestado.”

Con esta carta, de la que Animal Político posee una copia, se informa “a todos los habitantes de los predios Pino Gordo, El Águila y El Venado” (que forman parte de las 33 rancherías rarámuris de la región) que estos terrenos “son propiedad legítima de los herederos del señor Gregorio Cuesta Musy (…) por lo que toda la gente que en este momento habita estos terrenos están en calidad de huéspedes y se les presta la tierra para que la trabajen, con la condición de que el día que se les requiera la tierra para cualquier uso, éstos dejarán y devolverán la tierra”.

Indígenas luchan por el reconocimiento

En 2014, los pobladores rarámuris de Bosques San Elías Repechique ganaron una primera batalla legal, al obtener un amparo por la construcción del Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre-Creel, luego de que las autoridades concesionaron parte de estas tierras que reclaman como ancestrales, para la construcción de dicha obra, sin previamente haber consultado a los pueblos indígenas afectados sobre este proyecto.

El amparo, promovido por los “gobernadores indígenas” de Bosques San Elías Repechique, reconoce que, en cumplimiento de los acuerdos internacionales que el Estado mexicano ha firmado, la construcción del aeropuerto debió ser consultada con los pueblos rarámuris antes de haberse llevado a cabo, por lo cual, un juez federal ordenó la constitución de un fideicomiso que resarciera los daños causados a las poblaciones indígenas que reclaman esas tierras.

“Aunque la comunidad de Bosques San Elías Repechique no existe para la las autoridades, el amparo obtenido fue, en los hechos, un reconocimiento de existencia, porque el juez se basó en la realidad: ahí han vivido desde hace generaciones los pueblos rarámuris, esas tierras han sido siempre suyas, y ante cualquier proyecto que las afecte, el gobierno obligado a consultarlas, eso dice el amparo”, subrayó la defensora de derechos humanos Diana Villalobos.

También en 2014, los pueblos indígenas de Bosques San Elías Repechique ganaron un segundo amparo, contra la construcción de un gasoducto que pasaba por sus tierras, proyecto otorgado a la empresa Transportadora de Gas Natural, nuevamente, sin haber consultado a los rarámuris.

En este caso, se logró que el trazo del gasoducto fuera modificado, para que no pasara por los bosques indígenas.

El acoso sobre estas tierras, no obstante, se mantiene.

Ahora, explicó Diana Villalobos, luego de que se han echado abajo las concesiones sobre estas tierras, las 12 familias que ostentan su titularidad legal promueven la explotación comercial del bosque, mediante la tala.

Es gente que quiere convertir esas tierras en dinero, sin importarles cómo

“Los pueblos indígenas están asentados en una superifice de 11 mil 300 hectáreeas –explica Villalobos–, y al menos 65% de esa superficie ya fue entregada para el aprovechamiento forestal: los propietarios privados pidieron los permisos de extracción y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se los otorgó, nuevamente sin consultar a los pueblos indígenas que ahí están asentados.”

Desde noviembre de 2016, denunció la integrante de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, los propietarios privados comenzaron a marcar árboles, para luego talarlos, “y la densidad de la corta realizada hasta ahora es demasiado alta: los pobladores indígenas comenzaron una inspección sobre un terreno muestra de 56 hectáreas, ahí encontraron que habían sido talado al menos 2 mil 900 pinos, y otros mil 500 ya estaban marcados para la corta”.

Para ocultar las zonas de tala, denunció, éstas son incendiadas luego de que se llevan los árboles.

“Quienes ahora promueven la explotación de los bosques es gente que nunca ha tenido apego por ellos, es gente que nunca ha vivido ahí, que sólo han ido heredando esas propiedades inmobiliarias, desde la época en que fueron despojadas a los indígenas y hasta la actualidad. Es gente que quiere convertir esas tierras en dinero, sin importarles cómo”.

Por el contrario, explicó, los pueblos indígenas que desde antes de la colonia viven en lo que hoy se conoce como Bosques San Elías Repechique, “ven en el bosque su fuente de vida: es su principal fuente de agua, ellos son pequeños agricultores, o pastorean algunos chivos, no extraen madera, no talan el bosque, no saquean las especies animales, por el contrario, cada vez que hay un incendio forestal, son los indígenas rarámuris los únicos que salen a apagarlos”.

Es precisamente por eso, insistió la asesora de los indígenas, que estas comunidades estorban, porque no comparten la lógica extractiva y comercial que desde el siglo pasado ha venido imponiéndose en la Sierra Tarahumara, “y la mejor forma de hacerlos a un lado es hacer literalmente como que no existen”.

De hecho, apenas el 10 de mayo pasado, el diario La Opción de Chihuahua hizo público un documento oficial del Registro Agrario Nacional, según el cual “no se encontraron antecedentes registrales de la existencia de una comunidad o ejido denominado Bosque de San Elías Repechique”.

No es raro, remata Villalobos: “esta comunidad indígena nunca ha existido, para los poderosos”.

Animal Político solicitó una entrevista con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para conocer su postura en torno a esta problemática. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta favorable.