También piden detención pronta de culpable de asesinato de Alessa
Esperan resultados antes del 13 de noviembre, Día de la Población Trans
POR NOTIESE
CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los recientes hechos, en los que se han registrado siete asesinatos de personas trans en los últimos 15 días, integrantes de la comunidad trans, amigas de las víctimas y activistas exigieron a las autoridades correspondientes la resolución pronta y expedita de cada uno de los casos, a fin de evitar que se vuelvan a repetir situaciones como las vividas en días pasados en diferentes partes de la República Mexicana.
En el caso de la Ciudad de México, donde el pasado 30 de septiembre, fue asesinada Paola tras haber acordado un servicio sexual con Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien, de acuerdo con el relato de Kenya Cuevas, amiga de la víctima y testigo de los hechos, detonó un arma de fuego en contra de Paola, provocándole la muerte, se exige a la Procuraduría General de Justicia volver a revisar el caso de manera pronta debido a un serie de inconsistencias que derivaron en la liberación del victimario.
En conferencia de prensa, tanto Kenya como Rocío Suárez del Centro de Apoyo a las Identidades Trans, denunciaron que hubo irregularidades tras los hechos, debido a que el victimario fue detenido por dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina con el arma detonada en la mano, y una vez presentado ante la Fiscalía Cuauhtémoc II, esta determinó que la prueba de balística era negativa.
Además, a Paola, durante su necropsia, se le practicó una prueba de consumo de alcohol. En el juzgado, agregó Suárez, el juez desestimó los testimonios de tres compañeras trabajadoras sexuales de Paola y de los dos policías que detuvieron al victimario, a quien se identificó como guardia de seguridad de Jaime Aldape Otero, a pesar de que todos coincidían, bajo el argumento de que estas no eran similares a las del detenido.
Por esas razones, indicaron que se ha ingresado una apelación a la resolución, sin embargo, el tiempo en que esta pueda ser aceptada, no ha sido determinado, y pueden ocurrir dos escenarios. Que ésta se acepte y se gire una orden de aprehensión o que se deseche y no haya sanción alguna.
Para las activistas, ante la situación, es necesario que la Procuraduría capitalina revise el caso desde una perspectiva libre de discriminación, pues se considera que en la investigación hubo prejuicios por parte del Ministerio Público; se subsanen los errores cometidos durante la presentación del caso, y gire medidas cautelares a favor de las testigos de los hechos.
Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se le pidió revisar el caso, determinar si existió un sesgo discriminatorio en la investigación y dar una respuesta afirmativa a la apelación presentada.
Además de la sanción por conductas discriminatorias a los funcionarios involucrados en la primera investigación del caso, la implementación de los protocolos de actuación hacia la población LGBTI, ya vigentes, y garantizar el trato digno y libre de discriminación por parte de servidores públicos mediante su capacitación y sensibilización en temas como la diversidad sexual, en específico, la identidad de género.
En el caso de Alessa Torres, asesinada el 12 de octubre, al interior de un hotel, en la colonia Obrera, las activistas exigieron la identificación, detención y presentación del culpable a fin de que sea juzgado con todas las agravantes correspondientes.
