Ciudadanos autoconvocados de Nicaragua y diversas organizaciones de la sociedad civil pidieron ayer la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, y la instalación de una junta de transición, para superar la crisis que ha dejado cerca de 300 muertos.
Exigimos la salida inmediata del régimen Ortega-Murillo, por crímenes de lesa humanidad (…) Cada día con estos genocidas en el poder significa más muerte y sufrimiento para el pueblo”, indicaron los “autoconvocados”, en un pronunciamiento.
Propusieron, también, la creación “de una junta de transición, constituida por cinco o siete miembros”, que se dedicarán a “restaurar las instituciones y la Constitución, así como garantizar las condiciones para nuevas elecciones”.
Los autoconvocados son un movimiento nacional de estudiantes y profesionales, que ha sido protagonista de las protestas contra el gobierno de Ortega.
Mientras tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al país para formar el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que investigará los crímenes y sucesos violentos ocurridos desde abril y permanecerá, al menos, seis meses.
El GIEI coordinará su trabajo con el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), formado hace una semana para monitorear presuntas violaciones a derechos humanos.
Los detienen sin orden judicial
En el tiempo que el Meseni lleva operando reportó la CIDH la muerte de 18 personas de “manera violenta en el contexto de represión actual y de múltiples personas heridas”, explicó un informe divulgado en Managua.
También “recibió información sobre hechos de represión selectiva, que se manifestaría en detenciones arbitrarias, allanamientos de viviendas en busca de personas que participaron en protestas y bloqueos”.
Ayer, Álvaro Leiva, presidente de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) indicó que más de 200 personas han sido detenidas ilegalmente en Nicaragua a través de operativos de fuerzas combinadas entre policías y paramilitares.
En algunos casos, las personas son interceptadas en la calle por encapuchados armados que las secuestran y aparecen muertas días después, añadió.
Asimismo, la CIDH se reunió con autoridades de la cárcel El Chipote, en cuyos portones decenas de personas exigen todos los días la liberación de los detenidos, entre los que está un menor de 14 años y una muchacha posiblemente embarazada.
Según la ANPDH, 285 personas han muerto y otras mil 500 resultaron heridas desde entonces. La CIDH registra 212 muertes y el gobierno solamente 47.
