Funcionarios saudíes han advertido que podrían vender títulos financieros estadunidenses por más de 700 mil millones de dólares, si la ley es promulgada
POR NOTIMEX / FOTO REUTERS
WASHINGTON. Por aclamación y contra los deseos de la Casa Blanca, la Cámara de Representantes aprobó hoy una iniciativa de ley que permitirá a las familias de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 demandar a Arabia Saudita en tribunales locales.
Al menos 15 de los 19 secuestradores que ejecutaron los ataques terroristas en Nueva York, Washington y sobre Pensilvania, era de origen saudí, aunque el gobierno de ese país ha negado cualquier tipo de papel en los peores atentados terroristas en la historia de Estados Unidos.
A pesar de la oposición del presidente estadunidense Barack Obama, una iniciativa de ley idéntica había sido aprobada de manera unánime por el Senado, por lo que el destino final dependerá del mandatario, que tiene la opción de vetar la propuesta de legislación.
Si Obama veta la llamada Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, se requieren dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Representantes y del Senado para invalidar el veto presidencial.
Con base en el carácter unánime en la aprobación de la iniciativa por parte de ambas Cámaras, los partidarios de la medida confían que podrán rebasar el veto de Obama, si decide ejercerlo en los próximos días.
Aunque el presidente no ha emitido una amenaza formal de veto, la Casa Blanca había señalado después de la votación del Senado en mayo pasado que el proyecto de ley difícilmente sería promulgado por Obama, debido a que Arabia Saudita es visto como un aliado clave en la región.
Si Obama promulga la iniciativa, los tribunales estadunidenses podrían aceptar demandas de familiares de las casi tres mil víctimas mortales y los más de seis mil heridos que causaron los ataques del 11 de septiembre de 2001 (9/11).
Funcionarios saudíes han advertido que podrían vender títulos financieros estadunidenses por más de 700 mil millones de dólares, si la iniciativa de ley es promulgada