POR SIN EMBARGO
CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Luego de doce días de protestas en la mayoría de los estados de la República, derivadas del aumento al precio de las gasolinas a partir del 1 de enero de 2017, el Presidente Enrique Peña Nieto presentó ayer el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, un plan que, dijo, es también un paso de forma concertada para el fortalecimiento de la economía y de la de las familias mexicanas.
En el evento estuvieron presentes, entre otros, los secretarios de Hacienda, Trabajo y Previsión Social y Economía, José Antonio Meade, Alfonso Navarrete Prida e Idelfonso Guajardo Villareal, respectivamente; así como de Carlos Aceves del Olmo, Secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y Juan Pablo Castañón Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Ahí, el Jefe del Ejecutivo Federal habló de la estabilidad económica conservada durante tres décadas, que ha permitido generar empleos, crecer a tasas modestas “cuando en el mundo no está pasando lo mismo”.
Pero aunque en el evento el Presidente fue aplaudido e incluso reconocido como “estadista”, organizaciones civiles y académicas consideran que el Acuerdo fue elaborado con premura y está incompleto, ya que carece de objetivos concretos a pesar de que por las condiciones actuales, se trata de políticas que deben implementarse de manera urgente. Sin embargo, el Acuerdo nace con cierta demora al ser algo que el Ejecutivo debió presentar días después de que Donald Trump resultara ganador en los comicios presidenciales de Estados Unidos.
“El acuerdo es insuficiente. Le falta mucho para que realmente logremos enfrentar la situación económica y está como hecho a la carrera. […] Es insuficiente lo que nos presentan porque no tiene medidas para mejorar los ingresos, no compromete cosas específicas en materia de transparencia y corrupción”, comentó en entrevista con SinEmbargo, Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
Por su parte, Enrique Cárdenas Sánchez, Director del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (CEEY), consideró que aunque ya se esperaba una reunión para llegar a un acuerdo para ciertas medidas, éste debió haberse hecho desde el 15 de noviembre, luego de la elección de Estados Unidos.
“Esto se esperaba, quizá con otro enfoque, pero con lo mismo desde mediados de noviembre. Pero requiere de la unión de los diferentes sectores, del público y del privado, para hacerle frente a una situación muy compleja que tiene el país en el corto plazo. Si fue apresurado o no, parece que surgió de repente, aunque al mismo tiempo se tardaron”, sostuvo.
Desde su perspectiva, el enfoque de tener por un lado la estabilidad macroeconómica y por otro la recuperación y protección de la economía de las familias no es erróneo, y en el acuerdo de Peña Nieto se dan algunas muestras o guías hacia qué tipo de cosas se pueden hacer, pero aún distan mucho de ser medidas concretas.
“El Ejecutivo pudo haber sido más concreto sobre todo en la lucha contra la corrupción, en la eliminación de ciertas prebendas y prestaciones que tiene algunos funcionarios. No sólo el Ejecutivo sino también los órganos constitucionales y de otros poderes que son ofensivos para la gente y ahí faltó ser más concreto”, dijo.
Sobre el nuevo Consejo Nacional de la Productividad, que en teoría es el que dará el seguimiento al acuerdo, Enrique Cárdenas señaló que si no se hace al nivel más alto posible, es decir, que lo presida el mismo Presidente; que las reuniones sean en Los Pinos, y que estén los secretarios y los presidentes de los órganos que firmaron, perderá muchas posibilidades de tener algún tipo de éxito.
“La parte del seguimiento es importante, pero si no hay metas concretas es difícil hacerlo porque se puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo lo de la disminución del 10 por ciento de los salarios de los mandos superiores, ya no quedó claro si se habla de la partida de los salarios o de los salarios de los funcionarios activos. Entre más concreto es algo, más fácil es de verificar y de darle seguimiento”, agregó.
Rogelio Gómez puso como ejemplo el tema de programas sociales, y consideró que sí se debe cuidar el gasto pero de los que no funcionan bien y dar más recursos a otros y reforzar los que son serios, los que están cuidados y que dan resultados según las evaluaciones. Por otro lado, apresuró a que se quiten recursos a los que no funcionan, como los Fondos de gestión de los Diputados, que son los conocidos como “fondos de los moches” y que supuestamente están destinados a acciones sociales, “pero de ahí no se obtiene ningún beneficio, es pura politiquería y pura corrupción”.
Continuó con el tema de la deuda pública donde el consenso es que hay que controlarla. Pero no sólo la federal, sino también y principalmente, la de los estados.
“No hay ninguna media ahí que obligue a la transparencia o medidas anticorrupción en los estados, justamente por las prisas. Éste debe ser un Acuerdo nacional que involucre acciones anticorrupción en los estados y que tenga más acciones para mejorar el ingreso de los trabajadores y no sólo para protegerlo”, comentó Hermosillo.
El día de ayer, organizaciones civiles, personalidades de la política, del sector empresarial de los derechos humanos y la cultura solicitaron al Presidente Enrique Peña Nieto realizar acciones para combatir la corrupción y el descontento social provocado por el incremento a los combustibles, además le urgieron a crear un plan para enfrentar la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
“Solicitamos a la Secretaria de Economía un plan de contención, ante la posibilidad de que se vayan más inversiones o se deje de invertir en México por Trump”, pidieron los firmantes en un desplegado.
Los firmantes criticaron que las políticas económicas instrumentadas por el Gobierno federal son cuestionadas por la población, porque resulta “incongruente que se pida asumir las consecuencias del alza a los precios del combustible cuando la clase política lucra con sus gastos a través de sobornos”.
