Por Julio Manuel Loya Guzmán
El inicio de 2026 confirmó una realidad que en Tamaulipas se vive con mayor crudeza que en otras regiones del país: la política fiscal federal volvió a cargar el peso de la recaudación sobre el consumo, y sus efectos se resienten con mayor intensidad en una entidad fronteriza altamente dependiente del transporte, el comercio y el ingreso diario.
Los incrementos aprobados en el Paquete Económico 2026, particularmente los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), no solo encarecieron productos específicos, sino que detonaron una presión inflacionaria regional que amenaza con profundizar el deterioro del poder adquisitivo de miles de familias tamaulipecas desde el primer día del año.
El alza en gasolinas y diésel tiene un efecto multiplicador más severo que en otras entidades. La economía estatal depende de manera crítica del transporte terrestre para el abasto de alimentos, insumos industriales y mercancías de importación y exportación.
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Cada centavo adicional en el combustible se traduce en aumentos generalizados en precios finales, desde la canasta básica hasta los servicios más elementales, con especial impacto en municipios fronterizos como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, donde el comercio y la logística sostienen buena parte del empleo formal e informal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó las cuotas del IEPS conforme a la inflación, ajuste que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Las nuevas cuotas por litro quedaron de la siguiente manera:
*Magna (menor a 91 octanos): 6.7001 pesos
*Premium (mayor o igual a 91 octanos): 5.6579 pesos
*Diésel: 7.3634 pesos.
Aunque el ajuste no se trasladó de inmediato al precio final de la gasolina regular, en la práctica el impacto inflacionario se produce de manera indirecta. En Ciudad Victoria, por ejemplo, varias estaciones de servicio mantienen aún precios de cierre de 2025, con la gasolina Magna en 23.29 pesos y la Premium en 24.89 pesos por litro, como ocurre en la estación Monserrath. Sin embargo, especialistas advierten que este “congelamiento” es temporal y no elimina el efecto inflacionario en la cadena de costos.
IEPS: LOS PRODUCTOS QUE MÁS PRESIONAN EL GASTO FAMILIAR
A la presión de los combustibles se suma el incremento en productos gravados por el IEPS, como refrescos, bebidas azucaradas, cigarros y alcohol, bienes de consumo extendido en la región.
El mayor salto porcentual se observa en las bebidas azucaradas, con un incremento cercano al 87% en el impuesto, lo que explica alzas de entre 15 y 20% en el precio final. En tiendas de abarrotes y autoservicio, refrescos amanecieron este 1 de enero con incrementos de 2 a 3 pesos, mientras que productos como galletas y pan registraron aumentos de uno a dos pesos.
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En el caso de las tortillerías, este 1 de enero no abrieron sus puertas; sin embargo, se anticipa un aumento de entre 2 y 4 pesos por kilo en los próximos días.
Los cigarros concentran el segundo mayor impacto, con un IEPS que escala hasta 200%, llevando algunas cajetillas de 80 pesos hasta los 103 pesos, como el caso de Marlboro, que así inició este 2026 su venta en tiendas de autoservicio.
Por el momento, se mantendrán los precios de la canasta básica del 2025, sin embargo se augura una escalada en los próximos meses derivado al incremento en los combustibles.
INFLACIÓN “SENTIDA ”, MAYOR QUE LA OFICIAL
Especialistas subrayan que, aunque la inflación general proyectada para 2026 se ubica entre 3.7 y 4.0%, el impacto real para los hogares es considerablemente mayor, debido a que los aumentos se concentran en productos de consumo frecuente y transversal.
En términos prácticos, una familia promedio en Tamaulipas podría enfrentar un incremento mensual de entre 7 y 12% en su gasto corriente durante el primer trimestre del año, especialmente en transporte, bebidas, alimentos procesados y servicios.
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Aunque el discurso oficial justifica estos impuestos bajo criterios de salud pública o estabilidad fiscal, en los hechos se convierten en un golpe directo al gasto cotidiano de hogares que ya enfrentan altos costos de vida, rentas dolarizadas y salarios que no crecen al mismo ritmo que la inflación.
La situación se agrava si se considera que Tamaulipas arrastra una inflación “real” superior al promedio nacional, impulsada por factores estructurales como el tipo de cambio, la dependencia logística y la presión comercial derivada del intercambio con Estados Unidos.
Para las familias tamaulipecas, la inflación no se mide en porcentajes oficiales, sino en la imposibilidad de sostener el consumo básico sin endeudarse o sacrificar necesidades esenciales.
EN FEBRERO LLEGARÁ OTRA ESCALADA: TRÁMITES Y SERVICIOS
Además, el ajuste a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), previsto para febrero, elevará el costo de trámites y servicios gubernamentales como tenencia vehicular, licencias, multas de tránsito y derechos administrativos, extendiendo el impacto fiscal más allá del consumo diario.
En una entidad donde amplios sectores dependen del comercio informal, el autoempleo o el ingreso semanal, estos incrementos no son marginales: representan una reducción tangible del ingreso disponible.
Lo más preocupante no es solo la magnitud de los aumentos, sino la ausencia de una estrategia de compensación regional. No existen estímulos fiscales diferenciados para estados fronterizos como Tamaulipas, ni políticas claras para amortiguar el impacto del IEPS en economías locales altamente sensibles al costo del combustible y al consumo interno.
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Así, la cuesta de enero de 2026 en Tamaulipas deja de ser un fenómeno estacional para convertirse en un síntoma estructural: un modelo fiscal que privilegia la recaudación inmediata sobre la estabilidad económica de las familias e ignora las particularidades de una entidad clave para la logística, el comercio y la seguridad económica del país.
Mientras no se revise el enfoque del IEPS ni se reconozca el impacto diferenciado que estas medidas tienen en estados como Tamaulipas, el mensaje es claro: el ajuste fiscal se paga en la mesa de las familias, en los negocios locales y en la capacidad de consumo de una región que ya opera al límite.
