Por HuffingtonPost México
CIUDAD DE MÉXICO.- La compra y coacción del voto en la elección del Estado de México y la pasividad del Instituto Nacional Electoral sientan un antecedente peligroso para la validez de la elección presidencial de 2018, de acuerdo con analistas.
La intervención de los gobiernos del PRI a nivel federal y estatal a la hora de repartir programas sociales en periodo electoral ha provocado que la oposición haya calificado el proceso como una “elección de Estado”. Por su parte, las autoridades no han reaccionado.
Una proceso electoral así, cuestionado por las omisiones del INE, la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), más las impugnaciones de las últimas dos elecciones presidenciales sienta un precedente peligroso en un país como México, donde el descontento de la población puede desencadenar un estallido social.
“La competencia por el poder político en las entidades ha dejado de ser un tema local y se ha convertido en un asunto de trascendencia nacional”, reconoció Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, durante la Primera Reunión Nacional de Evaluación y Coordinación con los Institutos y Fiscalías Electorales, celebrada el pasado lunes 24 de abril.
Si la reforma dispuso la creación de un sistema nacional de elecciones, reconozcamos que la democracia sólo es una y es nacional, lo que pasa a uno de sus componentes en una entidad o municipio hoy inevitablemente afecta la percepción y el buen funcionamiento del sistema en su conjunto”. Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE
Sin embargo, el INE desechó atraer la elección del Estado de México tras las críticas al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), pese a estar facultado para ello y tratarse de un proceso electoral cuestionado tanto por los partidos de oposición (PAN, Morena y PRD), como por analistas independientes.
“No a la elección de Estado”, fue la consigna con la que protestaron diputados locales de oposición luego de que el Congreso del Estado de México aprobó en una tensa sesión, realizada el 30 de marzo pasado, que 67 de los 90 programas sociales del Estado de México se mantuvieran vigentes durante el periodo de campañas. Una resolución que fue impugnada por el TEPJF sin que hasta el momento exista alguna resolución por parte del Poder Judicial.
A pesar de que desde septiembre pasado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el del gobernador Eruviel Ávila desplegaron una operación política mediante el reparto de programas sociales, con montos mayores a 500 millones de pesos, hasta el momento los partidos de oposición como PT, Morena y PRD son los acreedores al mayor número de sanciones por parte de la autoridad electoral durante el periodo de precampañas.
Además, el TEPJF ordenó retirar spots de Morena y el PAN, pero no ha sancionado al PRI, aunque su candidato, Alfredo del Mazo, haya incurrido en un acto ilegal al utilizar imágenes de anuncios del gobierno mexiquense para promover su campaña.
También causó descontento el aumento al tope de gastos de campaña de las elecciones locales más caras de la historia, la inequidad en el dinero destinado a los partidos (225 millones al PRI frente a 89 millones para Morena) y el reparto de tarjetas electrónicas cargadas hasta con 3 mil pesos cada una para grupos afines al PRI.
“Los del INE y los del Tribunal están al servicio de la mafia en el poder. Se hacen de la vista gorda cuando en el Estado de México viene Peña, los secretarios de Estado vienen a repartir migajas, a hacer proselitismo y ninguno dice nada”, criticó el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.
De ahí que los múltiples cuestionamientos a la elección del Estado de México, la entidad más importante del país en cuanto a número de votos se refiere, ha encendido focos rojos entre los analistas en materia electoral, ante los comicios de 2018 que el propio INE ha definido como “las elecciones más complicadas en la historia de México”.
“La actitud del INE con respecto al aval para que los programas sociales se sigan entregando en el Estado de México, durante la campaña electoral, es un absurdo al permitir que la coacción electoral camine sobre los rieles que les regalaron los consejeros electorales”, señala el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna titulada 2018: rumbo al suicidio.
Esta clara ruptura a cualquier posibilidad de una elección justa puede darle espacio de tranquilidad al presidente Peña Nieto y al PRI en el Estado de México con respecto al 4 de junio, el día de la votación, pero su eventual victoria no generará gobernabilidad sino conflicto. La semilla se está sembrando este año. Su veneno contaminará de manera irreversible la elección presidencial el próximo año, si no se modifica lo que hoy parece un destino manifiesto”. Raymundo Riva Palacio, periodista
“Si la democracia tiene fallas, los comicios de junio en el Estado de México las condensa todas. Y estas elecciones serán el laboratorio de lo que ocurrirá en nuestro país durante las presidenciales del año próximo”, añade en el mismo tono el periodista Ricardo Rapahel.
