Por Andrea Santa María
El día de ayer se dio a conocer mediante el periódico The Guardian , que la primera dama de México, Angélica Rivera hace uso de un lujoso departamento de más de 2 millones de dolares ubicado en Miami, Florida , propiedad de Grupo Pierdant, empresa que ha concursado para obtener contratos millonarios para obras con el gobierno de México.
Al respecto, Juan Filiberto Torres Alanis, presidente de la Federación Noreste de la Confederación Ptronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tamaulipas, declaró que si bien es una información que debe corroborarse porque “tiene huecos que son importantes que se aclaren”, de comprobarse su veracidad haría que se “venga abajo” el compromiso que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto manifestó con el Sistema Nacional Anticorrupción puesto en vigor hace un mes e incluso su misma envestidura.
“Es un aspecto grave porque pensábamos que ya lo habíamos superado con el evento de la Casa Blanca, pero si se confirma se viene abajo aunado a todo lo que se ha venido presentando en el último año y creemos que se tiene que hacer una investigación formal y concreta para verificar la veracidad de estos hechos y que se dé una explicación que confirme las circunstancias”.
Manifestó que la corrupción e impunidad que se presenta en el país ha llevado a rankear a México entre los principales países con este problema a nivel mundial, lo que, para el sector empresarial implica una desventaja ya que empresas e inversionistas nacionales y extranjeros “no ven garantizados por medio del estado de derecho sus inversiones”.
“La legalidad es algo que en México no se nos da todos los días eso se refleja en que el estado mexicano permita estas situaciones y si además sumamos los hechos de violencia en Oaxaca, Guerrero y Chiapas con la CNTE en los que hay un uso de fuerza pública desmedida por parte del estado, nos da como resultado que los inversionistas no se quieran arriesgar a hacer inversiones que benefician a las regiones en empleo y economía e impiden dar una buena imagen de nuestro país”.
Torres Alanís informó que el día de hoy se tratará en conjunto, a nivel nacional con los 65 centros empresariales, el emitir un documento con su posicionamiento en donde se manifestará su petición de que se lleve a cabo una investigación de acuerdo a lo establecido por el SNA, con un fiscal neutro que emane de la iniciativa ciudadana pues al poner a cargo a un elemento que emane del mismo gobierno (como fue el caso de Virgilio Andrade Martínez) se evidencia que las instituciones “no están bien fortalecidas con los instrumentos que prevea la ley”.
