Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han reportado presuntos casos de extorsión, abuso de autoridad y presiones laborales relacionadas con la venta obligatoria de boletos de rifas y la demanda de contribuciones económicas, prácticas que, según ellos, ocurren en las oficinas centrales de la entidad.
Un documento compartido por los afectados indica que María del Rocío Vilchis Espinosa, subdirectora de Atención al Derechohabiente del ISSSTE, habría presionado al personal para adquirir boletos y realizar pagos quincenales, supuestamente para apoyar a familiares con problemas de salud.
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Los denunciantes afirman que estas exigencias se acompañan de amenazas de despido y de sanciones administrativas para quienes se niegan, situación que ha generado malestar y miedo entre trabajadores con variadas funciones.
Según el escrito, unas 400 personas podrían estar afectadas por estas prácticas, cantidad que deberá ser verificada por las autoridades pertinentes.
Frente a esta problemática, el personal afectado ha comenzado a manifestar su descontento con carteles en los espacios laborales, alentando a otras víctimas potenciales a denunciar las presiones y eventuales represalias de forma anónima.
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“Si se te obligó a participar en rifas y sufriste consecuencias por negarte, no estás solo”, señala uno de los mensajes en la denuncia.
También preguntan el destino de los fondos supuestamente recolectados, ya que no se ha dado a conocer información sobre los montos obtenidos ni su supuesta utilización para las causas anunciadas.
Ante estas denuncias, los afectados han solicitado la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, y del director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, para que lleven a cabo una investigación objetiva que esclarezca lo sucedido y determine responsabilidades, si corresponde.
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Además, pidieron asegurar la confidencialidad de las denuncias y proteger a los trabajadores de represalias por negarse a hacer contribuciones fuera de sus labores.
Los denunciantes creen necesario revisar si hay mecanismos de presión, pagos indebidos o conductas contrarias a las normas del servicio público, sobre todo cuando podría existir una relación jerárquica entre quienes solicitan los fondos y quienes son presionados para entregarlos.
El caso levanta preguntas sobre la vigilancia interna, los derechos laborales y la rendición de cuentas en una de las principales entidades de seguridad social del país.
Los afectados, que prefieren permanecer en el anonimato por temor a represalias, quieren que las acusaciones en el documento sean verificadas mediante una investigación independiente y formal. Hasta ahora, no hay respuestas de la funcionaria acusada ni una posición oficial del ISSSTE.
Los empleados pidieron que las autoridades escuchen las denuncias y aseguren que nadie sea obligado a contribuir económicamente o participar en actividades ajenas a sus funciones para mantener su trabajo.
Los inconformes invitan a quienes han sido afectados a enviar sus denuncias “completamente anónimas” al correo: denunciasegura26@gmail.com
Por Agencias
