Cristian Ascencio Ojeda, Tamara Miranda Varela, Dánae Rivadeneyra, Edilma Prada Céspedes
PRIMERA PARTE
Un nuevo muro para la integración latinoamericana emerge en la frontera norte de Chile. Xenofobia, abuso de autoridad y una creciente mafia de coyotes para sortear los limítrofes campos minados, son el panorama que enfrentan quienes quieren llegar por tierra al país austral. La dureza de los controles se aplica en especial a los viajeros provenientes del Pacífico colombiano, una de las zonas con mayor desplazamiento del continente por motivos de violencia y desigualdad económica. Este es el panorama que enfrenta la creciente ola de migración latina al sur, y que dista mucho de las promesas de oportunidades que inundan los discursos oficiales.
El pasado 22 de septiembre, ante un grupo de 200 empresarios norteamericanos en Manhattan, los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú presentaron en Estados Unidos la Alianza del Pacífico. Los mandatarios hablaron del buen momento por el que pasan sus economías, elogiaron las ventajas de un mercado de 200 millones de personas que, una vez aprobado, desgravará el 92 por ciento de los productos que intercambia y aseguraron, con toda suerte de adjetivos, que este era un tratado incluyente, abierto al mundo.
Sin embargo, a miles de kilómetros de este salón, en Chacalluta y Colchane, los puestos fronterizos chilenos que colindan respectivamente con Perú y Bolivia, otros son los discursos escuchados por los más de 8.000 colombianos que al año buscan ingresar a este país:
“La familia de Pablo Escobar no va pa’ Chile”.
“Todos los colombianos son putas y traficantes”.
“Estos vienen aquí a robar”.
Con estas expresiones se enfrentan a diario los migrantes que, tras miles de kilómetros de travesía, encuentran bloqueado el ingreso a Chile a discreción de los agentes fronterizos de este país. Son viajeros humildes, cuya mayoría huye de la violencia mafiosa de Colombia y la pobreza de la región del Valle del Cauca, especialmente la del puerto de Buenaventura, donde por estos días es común hablar del “nuevo sueño americano”: Antofagasta, la principal ciudad minera al norte de Chile.
Para este reportaje un equipo liderado por el diario El Mercurio de Antofagasta, de Chile y la plataforma de periodismo latinoamericano CONNECTAS, en alianza con el portal colombiano Agenda Propia, el peruano Útero.Pe y VICE Colombia, se sumergió en una realidad que aún está ausente en los ampliamente anunciados esfuerzos de integración latinoamericanos. El propósito era revelar una ruta migratoria plagada de tropiezos y peligrosas frustraciones. El pillaje y el robo, las redes de coyotaje y de trata de blancas, los largos recorridos ilegales que se abren por el desierto, y el creciente racismo xenófobo que los espera en su destino final, son el pan de cada día de quienes han creído que el sueño de la publicitada integración, también se traducirá en oportunidades para los más necesitados.
No deja de ser paradójico que sea Buenaventura el epicentro de esta migración desde el norte hacia el sur del continente. Un puerto que el presidente de Colombia Juan Manuel Santos bautizó como “la capital de la Alianza del Pacífico”.
“Aquí no tenemos servicio de agua potable, solo cuatro horas promedio en el día; no hay un relleno sanitario, y no existe un foco de empresas que genere empleo”, se queja Edwing Janes Patiño, presidente del Concejo de Buenaventura.
Esto es sólo una pequeña evidencia de los males que hoy padece una ciudad de 380 mil habitantes, por la que pasa el 60 por ciento del comercio exterior colombiano, unas 15 millones de toneladas de mercancía al año.
En el puerto, los niveles de pobreza, analfabetismo y desescolarización superan con honores los promedios de este país, y sus calles y barrios, muchos de ellos construidos por los afrocolombianos como chabolas palafíticas sobre el mar, han sido el escenario durante los últimos tiempos de una de las más sangrientas guerras que libran las bandas de narcotraficantes para controlar la salida de droga por el Pacífico colombiano y la entrada de insumos para la producción de narcóticos.
En Buenaventura, la extorsión se ha convertido en ley. Así como las impasables fronteras invisibles, dibujadas por los combos armados entre los barrios. Leyes que de no cumplirse, acarrean la pena de muerte, en muchos casos a manos de descuartizadores que han hecho de los cuerpos desmembrados el más frecuente titular de apertura en las páginas de los diarios y los noticieros locales.
Entre enero de 2013 y septiembre de este año, 28 personas fueron descuartizadas en la ciudad. Como muchos desmembramientos fueron cometidos en una misma vivienda, ahora en la ciudad se habla de las “casas de pique”. Así, en el puerto el miedo se arraigó, la falta de trabajo es la constante y por eso cada vez es más costumbre dejarlo todo: 13.000 bonaverenses salieron de sus hogares este año.
Una popular canción de reaggetón que suena en las calles de Buenaventura da luces de la ruta que muchos han emprendido:
Una amiga mía se cansó de la rutina de todos los días
Buscar trabajo que no conseguía
Sacó el pasaporte y se fue para Chile…
Es un viaje largo e incierto. Emprendido también en Tumaco, Cali y otras ciudades y municipios del suroccidente de Colombia; 2.800 kilómetros de carreteras ecuatorianas y peruanas, recorridas en bus y de manera legal gracias a la tarjeta andina, hasta encontrarse con una barrera alimentada de prejuicios, en los puestos fronterizos de Chacalluta y Colchane, en las fronteras de Perú y Bolivia respectivamente.
Allí, para varios funcionarios aduaneros, ser colombiano es sinónimo de delincuente. El estereotipo ha sido alimentado por el alto número de empleadas en burdeles y bares exclusivos para hombres, y las noticias esporádicas relacionadas con el narcotráfico, en ambos casos con participación de colombianos. En septiembre, por ejemplo, fue capturada en Santiago, la capital de Chile, Fanny Grueso Bonilla, alias ‘La Chily’, buscada en Colombia por pertenecer presuntamente a la banda narcotraficante ‘Los Urabeños’ y ser dueña de una de las tenebrosas “casa de pique” de esa realidad de la que huyen los bonaverenses.
Pero las restricciones van más allá. Según los múltiples testimonios recogidos durante este reportaje, en la frontera de los tres países, el color de la piel es una variable que cada vez tiene más peso a la hora de determinar el rechazo. Las autoridades lo niegan. En los dos puestos fronterizos los funcionarios coinciden en decir que “los motivos más frecuentes de rechazo son documentos de identidad vencidos, no demostrar suficiente solvencia económica para garantizar la estancia en el país o mentir sobre su real intención de ingreso a Chile”. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil que ayudan a migrantes denuncian que el ingreso al país está dependiendo exclusivamente del ánimo del funcionario en ventanilla, amparado en una controvertida ley que les otorga “discrecionalidad”.
*Reportaje realizado para el proyecto “Connectas” que puede consultarse en http://connectas.org/exodo/
