Quizá nunca sabremos con exactitud cuáles fueron las razones últimas por las cuales el Departamento de Justicia decidió desistir de su denuncia contra el general Salvador Cienfuegos, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero, conspiración y fabricación importación y distribución de narcóticos.
Lo inusual del caso, la falta de información y el hermetismo bajo el cual han negociado ambos gobiernos la liberación del ex Secretario de la Defensa Nacional no permiten la construcción de líneas sólidas de análisis sobre el caso.
La Fiscalía General de Estados Unidos, a cargo de William Bar, resumió así los motivos de la decisión: “Estados Unidos ha determinado que consideraciones de política exterior sensibles e importantes tienen mayor peso que el interés del Gobierno por mantener la persecución penal del acusado, bajo la totalidad de las circunstancias y, por tanto, requiere desestimar el caso”.
La justificación fue tan desconcertante que la misma jueza del caso solicitó mayor información sobre los motivos de la decisión. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el Departamento de Justicia dio marcha atrás a su proceso más relevante de los últimos años?
Se pueden deducir —conjeturar— algunas ideas al respecto:
Escenario 1. La acusación fue un fraude. Es decir, las agencias de investigación y el Departamento de Justicia no lograron al final del día acreditar pruebas contundentes para proceder contra el general Cienfuegos. Probablemente las aseveraciones de sus testigos protegidos no tuvieron sustento o se referían a otra persona y no al mando militar. La cancillería mexicana lo advirtió y lo denunció al más alto nivel. Este escenario es posible, pero levanta muchas interrogantes. ¿Quién creería que la justicia de Estados Unidos procedería de manera tan frontal —con imputaciones tan relevantes— contra un miembro de la élite del Ejército Mexicano sin mayores pruebas? ¿Podría haberse equivocado la Fiscalía General norteamericana en forma tan garrafal? Es probable, si no cómo se explica la resolución de dejar al general en libertad.
Escenario 2.La integración de la investigación fue tan desordenada, tan desapegada a los protocolos y tan poco consistente, que el Departamento de Justicia decidió, finalmente, desechar los cargos. Recordemos: México no se enteró de la investigación contra el General, sino hasta su detención en el aeropuerto de Los Ángeles. La falta de una cooperación bilateral habría debilitado la posibilidad de avanzar en el caso. Estados Unidos reconoce su error y comienza el proceso desde cero involucrando a México en la investigación y liberando al general.
Escenario 3.En efecto, hay “consideraciones de política exterior” de un interés supremo para la relación bilateral. Hay descontento—justificado y comprensible— de la cancillería mexicana por la detención. México reprocha fuertemente la falta de tacto de Estados Unidos al iniciar una investigación de un ex Secretario de Defensa sin siquiera poner al tanto al gobierno de la Cuartas Transformación. En respuesta, México amenaza con limitar el papel de la DEA y otras agencias de seguridad norteamericanas en el territorio nacional. También expresa la profunda molestia de los actuales mandos de la Sedena. Ambos gobiernos analizan de manera conjunta los riesgos de proceder contra uno de los mandos más poderosos del Ejército, la profunda inconformidad de la élite militar y la posibilidad de que la institución más poderosa —y mejor calificada— de México entre en una ruta de colisión con la administración de López Obrador. La cancillería convence al gobierno de Trump de la fragilidad de la situación.
Cualquiera que haya sido el caso, los dos gobiernos terminaron por buscar una salida negociada. Bajo ninguna circunstancia, el gobierno norteamericano aceptaría una equivocación tácita o haber cedido ante las presiones de México. De ahí que Estados Unidos trasladara de manera simbólica el expediente al gobierno mexicano para que el general Cienfuegos “sea investigado y, en su caso, procesado conforme a las leyes mexicanas”.
Es decir, todo fue producto de una negociación, de un acuerdo político entre ambas naciones. Hubo un pacto bajo la mesa con compromisos con miras al futuro. Queda pendiente saber qué negoció, qué cedió y qué ofreció el gobierno del presidente López Obrador a cambio de la liberación.
¿Qué sigue? Seguramente el gobierno mexicano abrirá una investigación de mero trámite contra el general para exonerarlo explícitamente. Todo el lenguaje oficial señala desde ahora el camino de la absolución. López Obrador fue claro al señalar que su gobierno no permitirá el desprestigio de una “institución fundamental para el Estado Mexicano como es la Secretaría de la Defensa”.De hecho, podríamos decir que el presidente ya dictó sentencia: “No podemos permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales… no permitiríamos una injusticia, para nadie, para ningún mexicano”. Más claro ni el agua.
Las delicadas negociaciones del caso podrían explicar en parte la resistencia de López Obrador a reconocer el triunfo del demócrata Joe Bien. Tenía —¿tiene?— las manos amarradas y la boca amordazada.
¿Qué negoció el presidente? Quizá no lo sabremos nunca. Estos casos suelen convertirse en impenetrables cajas negras. En todo caso habría que decir que la liberación Cienfuegos no es un triunfo de la justicia, sino de la política. La diplomacia mexicana, no hay duda, se anotó una victoria estridente ante Estados Unidos. A partir de ahora tiene en sus manos, la información y el expediente del caso y, lo más importante, el control de los tiempos, las fases y los instrumentos de acción de todo el proceso de la investigación (si es que acaso hay una).
Esperemos que el resultado final de las negociaciones y los acuerdos de ambos países no sea un pacto de impunidad.
Galerín de Letras
Pasito a pasito, poco a poco, retorna con Morena el presidencialismo priísta. El partido del gobierno aprobó esta semana en el pleno del Senado la llamada la “Ley Nieto”. La nueva Ley de Instituciones de Crédito permitirá a la Unidad de Inteligencia Financiera, dirigida por Santiago Nieto, congelar cuentas bancarias sin autorización de un juez. El Poder Ejecutivo ahora también ejercerá como Poder Judicial.
