El Gobierno de Houston, ciudad donde en meses recientes el inmigrante trabajador Lorenzo Salgado Araújo fue baleado a muerte por agentes migratorios y el mexicano Miguel Parra fue atropellado por otro oficial, ha anunciado mediante una orden ejecutiva que la policía local limitará su cooperación con ICE.
“El que una persona sea, o se sospeche que es, sujeto de las leyes migratorias no es por sí mismo criterio para contactar a ICE”, instruye la orden ejecutiva firmada por el alcalde de la ciudad.
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La orden significa un giro político que el alcalde, John Whitmire, vinculó a las elecciones de medio término, en las que el estado y la ciudad votaron abrumadoramente por candidatos demócratas.
Whitmire dijo que “el nuevo liderazgo no empieza hasta enero” pero que está “dispuesto a tomar una decisión responsable para que desde los dos meses siguientes tengamos una política más eficaz”, según adelantó en una entrevista con The New York Times antes de emitir su decreto.
“Las elecciones importan”, agregó en la entrevista.
La orden ejecutiva establece que los oficiales de policía locales solamente deben estar en busca de personas inmigrantes si son gente que realmente “posa un peligro” y no cuando se trate de “quienes están yendo por su día a día en cuanto a negocios, trabajo y educación”.
Igualmente, la medida indica a los policías que si interactúan con inmigrantes posiblemente indocumentados durante una parada de tránsito “les deben dar un citatorio o multa o advertencia, y dejarlos irse. No contacten a ICE por temas no violentos que no ameritan ser encarcelado, para reducir miedos y ansiedades”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pese a un aumento en las contrataciones de personal en el último año con la segunda presidencia de Donald Trump, depende en gran medida de departamentos de policía locales para encontrar a personas consideradas “deportables”, en palabras de Trump.
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Esa información suele compartirse de manera oficial mediante políticas como la 287(g), que establecen que los policías locales deben avisar a ICE si identifican a personas inmigrantes con “cargos criminales pendientes o activos”. En algunos casos, la 287(g) permite a policías locales realizar operativos migratorios que normalmente son competencia de agentes federales.
Texas es de los estados con más jurisdicciones que tienen acuerdos 287(g), según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Whitmire dijo este viernes en su entrevista con The New York Times que en su ciudad el departamento de policía en el último año había estado informando al DHS sobre casos porque “el gobernador nos requirió contactar a ICE”.
Se refería a Greg Abbott, que este martes fue derrotado en las urnas por la demócrata Gina Hinojosa, que será la primera gobernadora latina en el estado.
Abbott no ha respondido a las acusaciones de Whitmire. Sin embargo, en el pasado firmó una ley estatal, la SB4, que promovía que policías locales pudieran realizar arrestos migratorios y también estableció la así llamada Operation Lone Star para estos fines.
Por Telemundo
