“Internet es una gigantesca máquina de espionaje al servicio del poder. Debemos luchar contra esta tendencia y convertirla en un motor de transparencia para el público, no solo para los poderosos” Julian Assange.
Desde el pasado 15 de octubre se dio a conocer la decisión del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de incluir una nueva inspección a todos las personas que busquen ingresar por vía terrestre a los Estados Unidos, bajo el argumento de que es para mantener más seguro a su así y hacer cumplir las leyes del mismo.
En México la noticia no paso de generar cierta polémica en las zonas fronterizas y ocupar algunos espacios en la prensa y portales de internet en general, sin que se diera mayor importancia, hablamos de un tipo de resignación, de un requisito por tener que ingresar al primer mundo.
Pocos abogados, pocas organizaciones de ambos lados de la frontera levantaron la voz, prácticamente ninguno, sin embargo la medida parece una violación a la privacidad, a las garantías individuales, incluso a los derechos humanos, sin embargo los estadounidenses no lo ven así y para ellos no hay conflicto, ni culpa alguna por revisar los objetos personales de quienes quieran ingresar a su país.
La medid parece extrema, y causa cierto desconcierto, porque no es un secreto que todas aquellas personas que poseen una visa norteamericana ya fueron estudiados, investigados, incluso espiados, para garantizar que no representan una amenaza para Estados Unidos y sus intereses, incluso en lo que respecta a redes sociales, hoy tan utilizadas, correos electrónicos etcétera.
Conocemos que el desarrollo tecnológico ha permitido que las técnicas y estrategias de espionaje para conocer secretos, actividades, fianzas y actividades de las personas se han perfeccionado, llegando al punto de que el gobierno estadounidense, sin descartar al mexicano, pueden interceptar los celulares, incluso si los usuarios los apagan.
Esta situación no es ya cosa de ciencia ficción, de paranoia o de profesiones de riesgo como periodistas, políticos, estudiantes o banqueros, el internet facilitó el trabajo a los espías, la masificación y uso popular de los teléfonos celulares la ahondaron, al punto de que hoy día podemos estar siendo escuchados, vistos y grabados, aunque pensemos que el teléfono celular está apagado.
De manera preocupante se sabe que en nuestro país, las corporaciones estatales ya no necesitan la orden de un juez para que el derecho a nuestra privacidad, a nuestra información, a nuestros datos sea violado, porque la tecnología se los permite y a menso que requieren entablar un juicio, realizarán el proceso para que un integrante del poder judicial lo permita.
Se recordará que el año pasado, Wikileaks filtró una enorme cantidad de información de una empresa italiana especializada a la creación de software para espiar, Hacking Team, destacando que el cliente más importante fue nuestro país.
Se encontró que instituciones como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, Petróleos Mexicanos, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los gobiernos de Querétaro, Puebla, Campeche, Yucatán, Durango, Nayarit, Tamaulipas, Baja California, adquirieron ese tipo de software por cantidades que van desde los 300 mil a los 550 mil euros.
Nuestro estado no estuvo exento del escándalo y aunque en su momento no se aclaró, se sabe que había áreas de gobierno encargadas de realizar la labor, sin duda las actuales autoridades fueron víctimas de ese espionaje de estado y hoy en el poder tendrán acceso a la misma tecnología, a las mismas estructuras que lo realizaban y se enfrentarán la disyuntiva de replicar o eliminar ese tipo de prácticas.
Un anteceden de lo que hoy vive el Gobierno de Tamaulipas, es lo que sucedió en su momento al asumir la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, quien encontró todo el aparato de espionaje desarrollado durante décadas por el gobierno mexicano para saber lo que los grupos políticos opositores al régimen planeaban, hacían y hablaban. En aquel tiempo se dijo que la estructura no se utilizaría más para realizar espionaje político o bien contra personas incomodas al gobierno en turno, se desmanteló parte de la estructura y se dejo aparentemente para seguridad nacional.
Lo cierto es que el gobierno de Vicente Fox culminó, continúo el de Calderón y regreso el Partido Revolucionario Institucional a la presidencia con Enrique Peña Nieto, reactivando muchas de las actividades que el CISEN realizaba.
El gobierno que hoy encabeza Francisco García Cabeza de Vaca, se encuentra en la misma posición que en su tiempo Fox vivió, por lo que debe tomar decisiones, actuar en consecuencia y desterrar esas prácticas comprometiéndose a respetar la privacidad, las posesiones y los derechos humanos de los habitantes y no caer en la tentación de llevar a cabo el espionaje, ni mantener la estructura que lo lleva acabo, bajo el pretexto de la lucha contra la inseguridad. Una decisión que reflejará mucho de lo que es su gobierno y de lo que se puede esperar para los seis años de su mandato.
