“A río revuelto, ganancia de pescadores” Refrán popular
La fecha marcada por la Ley para la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país, por lo que el pasado 18 de junio inicio sus operaciones también en Tamaulipas.
Mucho se escribió en los años y meses previos a su entrada en vigor sobre las ventajas y beneficios que traería la implementación de dicho sistema no solo en la celeridad de la justicia, sino también en la adecuación de la infraestructura.
Se afirmó que entre los principales objetivos y ventajas del nuevo modelo se encontraría la agilización en la impartición de la justicia, además de acelerar la reparación del daño a las víctimas.
Autoridades a lo largo y ancho del estado destacaron que con el nuevo sistema toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, las audiencias son de carácter público y se puede ver a la parte acusadora y al juez al mismo tiempo, además de que las pruebas y la sentencia se dan en una sola audiencia, resaltando el hecho de que los jueces deben estar presentes y nadie puede suplirlos.
Asimismo, se resaltaba como un gran avance el hecho de que en todos los casos, la investigación llevada a cabo por las autoridades correspondientes, así como la sentencia que dicte el juez, serán los elementos que determinen si una persona es culpable o no.
Otro logro, muy publicitado y que generaba mucha expectativa en este nuevo Sistema es el hecho de que al ser público el proceso judicial, quedar grabadas las etapas del juicio, están sujetas al principio de transparencia, garantizando los derechos de las víctimas y de las personas imputadas por algún delito.
Todo lo descrito líneas arriba, generó altas expectativas sobre la puesta en marcha del nuevo sistema, sobre todo en aquellos, el grueso de la población, que no estamos familiarizados con los términos, tiempos y procesos jurídicos.
Y no es para menos, entre otras cosas el nuevo Sistema ofrece la posibilidad de que en los casos de delitos menores, donde el daños es reparable las persona víctima y la imputada puedan encontrar opciones para lograr una salida justa a su problema, bajo el esquema denominado justicia alternativa.
Este punto, el de justicia alternativa, fue abordado ampliamente en nuestra edición de Junio de 2015, en el especial de la página cinco, titulado “Justicia Alternativa”, en el que se habla del proceso para que mediante un acuerdo, las partes involucradas puedan ahorrarse meses de un juicio.
Era, una buena noticia, al menos en el papel, y como muchas veces a lo largo de la historia de México, sucede, ocurrió que todo ello, una vez puesta en marcha esta nueva normatividad, quedó solo en el papel.
Durante los primeros días de vigencia del nuevo Sistema, los casos de personas que cometieron un delito y fueron dejadas en libertad para que posteriormente se presentarán al juicio se registró constantemente, sobre todo bajo el argumento, de la falta de flagrancia de parte de la autoridad.
Sin embargo, algo que no contemplaba el nuevo modelo de impartir justicia es que en los implicados no existiera la decisión de aprovechar el que se abolió la prisión preventiva y que en la fecha fijada de la audiencia no se presentarán, ni mandarán a su representantes legales.
El escape, la huida, la falta de valor cívico, ciudadano y hasta de humanidad puede ser un gran obstáculo para para que el nuevo Sistema de Justicia Penal progrese, se afianza y logre verdaderamente impartir justicia pronta y expedita.
Podemos preguntarnos si este hecho ¿pone en riesgo toda la estructura del nuevo esquema?.
Es válido cuestionar, sin embargo, desde la óptica de esta casa editorial, el nuevo sistema no se vendrá abajo, puesto que es perfectible como en los casos de los estados de Chihuahua y Tlaxcala que desde hace un par de años pusieron en marcha modelos de justicia como el que ahora se implantó en Tamaulipas, los cuales quedaron descritos y ampliamente ejemplificados en el especial publicado en nuestra edición de Abril del 2015, en el especial titulado “Defensor de oficio”.
En aquel número dimos cuenta de como los poderes judiciales de esas dos entidades federativas pusieron en marcha el modelo, y que al percatarse de las fallas, realizaron modificaciones para adecuarlo y que cumpla sus objetivos. En este sentido, destaca el caso de Chihuahua cuyo Congreso local ha legislado más de 200 reformas al sistema, con el objetivo de adaptarlo a la realidad de ese estado.
De esta forma, pese al desencanto inicial de una parte de la población, creemos que si los legisladores tamaulipecos prestan la debida atención y realizan con oportunidad las adecuaciones pertinentes al sistema, este puede lograr cumplir las expectativas que generó en la sociedad.
