Por Andrea Santa María
Como parte de las acciones para impulsar la regularización de autos norteamericanos que circulan en nuestro país, sobre todo en la franja fronteriza, representantes de importadores de vehículos de la localidad mantuvieron una reunión esta semana en la Cámara de Diputados para presentar su postura y abrir el diálogo entre ambas a fin de agilizar este proceso.
Hugo Jofre Chávez, Presidente de la Asociación de comerciantes de este ramo, informó en conferencia de prensa que, en este encuentro, pudo constatarse la disposición que existe por parte de los legisladores fronterizos para dar luz verde a esta iniciativa a través de 3 etapas: la regularización de vehículos que ya circulan en la frontera como fronterizos; buscar un decreto acorde a las necesidades que emane de una mesa de trabajo en que participen todas las partes interesadas ; y, finalmente, la nacionalización masiva de vehículos en todo el país.
Sin embargo, comentó que, a pesar de los acuerdos a que se llegaron, la postura de los diputados de la zona centro del país continúa resistiéndose a esto, ya que se encuentra influenciada por los puntos de vista de “organizaciones, asociaciones, agentes aduanales y cámaras de comercio” que se contraponen a este hecho por sus propios intereses comerciales, además de que “no existe una comprensión de la situación que se vive en la frontera porque sólo conocen el poder económico de sus zonas”.
Al respecto, subrayó que actualmente existen “al menos 300 mil vehículos” en estas condiciones en el estado, con 120 mil en la franja fronteriza, cifra que aumenta pues, aunque “nos permiten cruzar sólo 40 vehículos, contraponiéndose al mismo Tratado de Libre Comercio y a las leyes con hostigamiento y una marca personal que atenta contra los derechos humanos de quienes comercializan”, las condiciones económicas de la zona hacen de estos vehículos una opción de compra entre la población.
“Es improcedente e ilegal lo que está haciendo el gobierno al tener un contubernio con la industria automotriz… Vivimos un terrorismo aduanal y fiscal en el que se están dando de baja a empresas alegando que hay violaciones, facturas falsas y verificaciones ambientales falsas, lo cual no son sino excusas para hacer lo que quieren”.
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