La divulgación de sus bienes, clave para la renuncia de Domingues y Ángel Corcóstegui en la CGD
POR EL PAÍS
LISBOA.- El presidente ejecutivo de la Caixa Geral de Depósitos (CGD), el primer banco de Portugal, dimitió en la noche del domingo, apenas tres meses después de su nombramiento. António Domingues se negó a que su declaración de bienes fuera divulgada, tal como había negociado con el Gobierno como condición para su contratación. No obstante, una ley aprobada el jueves, que unió al centro derecha con la extrema izquierda, obligaba a su divulgación. Domingues no ha aceptado la falta de compromiso del Gobienro y dimitió.
Domingues pasará a la historia como el presidente de CGD más breve. Duraron más las negociaciones para su fichaje que su mandato. Juró el cargo el último día de agosto y ayer dimitió. En este tiempo todo ha sido una retahíla de polémicas, desde la cuantía de su sueldo, a la negociación en Bruselas del plan de recapitalización de la Caixa cuando Domingues aún era directivo de BPI.
Caixa Geral de Depósitos es el primer banco del país, con una cuota de mercado del 23%, y además 100% público. Sus reiteradas pérdidas económicas han obligado a continuas inyecciones de capital público, la penúltima en 2013 y la última, ahora, con más de 5.000 millones de euros.
diferencia de los anteriores gestores del banco público, supeditados al poder político, el Gobierno socialista fue a buscar a un profesional de la banca privada para dirigir CGD. En marzo se ofreció el cargo a Domingues, vicepresidente del BPI, aspirante a dirigirlo hasta que la entrada de CaixaBank le dejó sin esperanzas, y que además estaba a punto de cumplir los 60 años, con lo cual podría cobrar su plan de jubilación.
Domingues aceptó el cargo después de que el Gobierno aceptara sus tres condiciones: la primera que el banco era público, pero que su sueldo no. Fin al tope salarial de los empleados públicos; para ello, el Gobierno socialista acabó con esa norma y Domingues pasó a ganar 423.000 euros brutos, el doble que el anterior presidente, y un 50% más en pluses, una remuneración similar a la que recibía en BPI. Además, comenzaba a cobrar su pensión mensual de BPI.
La segunda condición era que el plan de recapitalización pública de CGD no fuera considerado ayuda del Estado, lo que obligaba a la supervisión continua de Bruselas. El mismo Domingues, aún estando en BPI, se encargó de negociar el plan de recapitalización de CGD.
Esta dualidad de funciones, mantenida en secreto por el Gobierno, saltó a la luz pública esta misma semana, lo que amplió las críticas de los propios socios del Gobierno, el PC y el Bloco, hacia el Ejecutivo.
Y su tercera condición era la no divulgación de su declaración de bienes. Esta condición es la que ha creado una polémica durante meses, con intervención del Tribunal Constitucional y del presidente del país, y la que, finalmente, le ha llevado a Domingues a dimitir.
