Gamboa afirma que no se puede mover ni una coma a las observaciones
FUENTE EXCELSIOR
CIUDAD DE MÉXICO.- En el Senado “no existen las condiciones políticas” para rechazar el veto presidencial a la inclusión del sector privado en la ley anticorrupción, incluida la declaración pública conocida como 3de3, porque es previsible que el PRI, grupo mayoritario, se allane a la decisión presidencial, adelantó el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth.
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Emilio Gamboa Patrón, informó que los grupos parlamentarios acordaron que el periodo extraordinario para sacar a los empresarios de esta ley anticorrupción será el 5 de julio.
Y el coordinador de los panistas anunció, vía Twitter, que su grupo parlamentario rechazará los cambios propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.
Ayer, los senadores de los distintos grupos parlamentarios mostraron visiones diferentes de lo que pueden hacer con el veto.
Roberto Gil recordó que se requieren las dos terceras partes del pleno para rechazar el veto presidencial y que el Senado insista en la redacción original, pero sólo requiere de la mayoría simple para aceptar la propuesta de redacción del Presidente de la República o para modificarla y que el Senado haga sus ajustes.
Pero desde la visión de Emilio Gamboa, el Senado carece de facultades para hacer sus propios cambios a los artículos que observó el Presidente de la República y sólo tiene dos opciones: o rechaza completo o acepta completo.
“No hay ninguna opción. No hay opción de que podamos meterle una palabra o incluir, quitarle una coma. Es sí o no; el no es con las dos terceras partes, el sí es 50% más uno, es mayoría simple”, dijo.
Adelantó también que después de una reflexión, el grupo parlamentario del PRI en el Senado votará en apoyo a los términos de la observación hecha por el Presidente de la República.
Luis Miguel Barbosa, líder de los senadores del PRD, dijo que en su grupo parlamentario “no seremos obstáculo ni queremos sacar dividendos políticos”, pero aceptó que por el momento no existe sustento constitucional para que los empresarios se ajusten a todas las reglas anticorrupción.
“Eso no tiene en este momento un sustento constitucional, o sea, teneos una posición política nosotros, pero no tenemos, no vemos que haya un sustento constitucional fuerte para poder llegar a ese punto”, dijo.
