Como parte de una estrategia de austeridad y disciplina presupuestal, serán desaparecidas las Direcciones Generales en todas las entidades paraestatales de Tamaulipas, con excepción de aquellas que pertenecen al Ipsset y el DIF Estatal.
Lo anterior, como parte de una iniciativa de reforma a la Ley de Entidades Paraestatales, que fue dictaminada a favor por la Diputación Permanente en tiempo récord, este lunes.
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La acción legislativa, impulsada por las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, fue recibida en una sesión del órgano legislativo que inició a las 12:30 horas de este lunes, y dos horas después, en una nueva reunión, fue dictaminada a favor a pesar de las protestas de legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano (MC), que se quejaron de que no habían tenido tiempo de analizar el documento.
Los titulares pasarían a ocupar cargos equivalentes a Direcciones de Área, con sueldos conforme al tabulador del Presupuesto de Egresos.
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Se argumenta que la iniciativa responde a un principio de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.
Entre las entidades paraestatales que se verán impactadas por las reformas figuran: Instituto de las Mujeres en Tamaulipas; Instituto de la Juventud de Tamaulipas; Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes; Instituto del Deporte de Tamaulipas; Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas y el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología
Además del rediseño en los niveles directivos, la iniciativa incorpora modificaciones que buscan fortalecer el control interno de las entidades paraestatales, al establecer que la persona titular de la Contraloría Gubernamental no podrá formar parte de sus órganos de gobierno, evitando así un doble papel que comprometa la imparcialidad del órgano fiscalizador.
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También se incorpora a la Secretaría de Administración como integrante permanente del órgano de gobierno de cada entidad paraestatal, junto con la Secretaría de Finanzas, con el fin de reforzar el control presupuestal y contractual desde el diseño institucional.
Las reformas obligarían, en un plazo máximo de 90 días naturales tras su aprobación, a modificar los estatutos y marcos internos de todas las entidades afectadas para adecuarse a la nueva estructura jurídica, administrativa y presupuestal.
Por Rogelio Rodríguez Mendoza
