La Secretaría de Administración del Gobierno de Tamaulipas confirmó que existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado por vehículos oficiales que aparecen en inventarios gubernamentales pero no han podido ser localizados físicamente, irregularidad detectada desde el proceso de entrega-recepción de la actual administración estatal.
La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que aunque se trata de una sola denuncia, dentro del expediente se incluyó toda la relación de unidades que fueron identificadas documentalmente como propiedad estatal pero que no estaban bajo resguardo ni pudieron ubicarse físicamente durante las revisiones administrativas.
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Precisó que desde el inicio del gobierno estatal comenzaron los procesos de verificación patrimonial y revisión de inventarios, detectándose inconsistencias relacionadas con unidades vehiculares cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
La funcionaria aclaró que además del tema de los vehículos desaparecidos, el estado enfrenta un rezago importante en el manejo de bienes inservibles, principalmente automóviles y mobiliario oficial considerado chatarra, debido a que anteriormente no existían lineamientos claros para determinar su destino final.
Por ello, explicó que primero fue necesario crear y publicar las reglas administrativas correspondientes antes de iniciar el proceso de baja y disposición final de esos bienes.
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Actualmente la Secretaría Anticorrupción revisa cada expediente y valida físicamente las unidades antes de autorizar su baja definitiva, como parte del procedimiento administrativo y de transparencia implementado por el gobierno estatal.
Manautou Galván aseguró que son cientos de vehículos los que ya no resultan costeables de reparar debido a sus condiciones mecánicas o estructurales, por lo que serán vendidos únicamente como chatarra.
Indicó que cada unidad cuenta con expediente e identificación oficial, mientras continúan las revisiones para depurar inventarios, liberar espacios en bodegas gubernamentales y mantener un mayor control sobre el patrimonio estatal.
Por Salvador Valadez C. / Expreso / La Razón
