Por Julio Manuel Loya Guzmán
Cd. Victoria, Tamaulipas.- Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, arremetió contra lo que calificó como una “corrupción y subordinación” del poder judicial hacia intereses políticos de anteriores administraciones, evento donde arropó a la que años atrás fue su enemiga política, a la hoy senadora del PVEM, Maki Ortiz Domínguez.
En su discurso, ofrecido durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Victoria, el legislador se refirió a la situación de jueces y funcionarios judiciales que, tras recibir pago durante una huelga de dos meses, continúan manifestándose pese a que, según él, “se les ha garantizado todos sus derechos”.
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El senador abordó el caso de la senadora Maki Ortiz, a quien describió como “víctima de la corrupción del poder judicial”, aludiendo a supuestas vendettas políticas orquestadas por jueces en favor del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Noroña, dijo que Maki Ortiz habría enfrentado presiones y amenazas del exgobernador a quien llamó “Cabeza de Huevo”, incluyendo el intento de involucrarla en procesos judiciales por razones que, según el legislador, carecen de justificación legal.
La declaración de apoyo hacia Ortiz Domínguez marca un giro en la relación entre ambos, ya que en años anteriores el senador la calificó de manera despectiva cuando era alcaldesa de Reynosa, criticando las condiciones de la ciudad bajo su administración. Hoy, sin embargo, Fernández Noroña describe a su compañera de cámara como una “gran mujer, valiente y trabajadora”.
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En la rueda de prensa, el presidente del Senado de la República, fue cuestionado en relación con las críticas recibidas sobre la reciente asamblea informativa, en la que se alude a posibles aspiraciones políticas de cara a 2027, por lo que el senador defendió el carácter informativo del evento.
Además, subrayó la importancia de la reforma judicial en Tamaulipas, señalando que esta abriría camino para que nuevos talentos accedan a posiciones de poder en el sistema judicial, lo que permitiría “separar el poder económico del poder judicial” y garantizar que el dinero no influya en las decisiones judiciales.
Finalmente, precisó que las actuales personas juzgadoras podrán participar en el proceso electoral de 2025 si así lo desean, como parte de sus derechos. Sin embargo, hizo un llamado a que este derecho no sea interpretado como una obligación para quienes prefieran no intervenir en la contienda.
