Por Misael D´Mora
Una regla de oro para unas finanzas sanas y que sigue al pie de la letra gente adinerada es gastar el dinero de forma inteligente, poniendo mayor atención en lo importante (la salud, ahorro, inversión) y no derrochar en lo superfluo. En México quienes administran los recursos públicos no hacen esto, gastan mal nuestro dinero la mayoría de las veces, pero ciertamente no les interesa hacerlo bien, ellos están en otro negocio por así decirlo, más bien comenzar a cambiar esto es responsabilidad de la sociedad. En este 2016 tendremos un gran ejemplo con un gasto millonario en elecciones en un país donde la mayoría de la población vive en la pobreza.
En México, como en la gran mayoría de países de América Latina, los partidos políticos reciben dinero público porque (se supone que) son agrupaciones de la sociedad que representan (o deberían representar) ideas, valores y principios de las mayorías; en consecuencia la ciudadanía tiene que contribuir a mantenerlos por medio del presupuesto. El financiamiento que da vida a los partidos políticos tiene que venir forzosamente del dinero público, para que no reciban dinero privado y evitar así que estas organizaciones sociales adquieran compromisos o pagos de favores que desvíen el enfoque social de sus funciones.
Es aquí donde está la primera traición y más grande contradicción de todos los partidos políticos de México: pues con dinero público han trabajado para beneficiar a particulares, principalmente a grupos empresariales, muchas veces atropellando derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos. Actualmente en nuestro país seis de cada 10 mexicanos son pobres en extremo, con todo y ello gastaremos una millonada en las elecciones del 5 de junio próximo, entonces ¿por qué México tiene una democracia carísima y tan poco efectiva para curar los peores niveles de pobreza, desigualdad y delincuencia de nuestra historia reciente?
En México el gasto en partidos políticos y en el Instituto Nacional Electoral es eso, un gasto, sería una inversión si obtuviéramos mayores beneficios a cambio del dinero que puntualmente les damos. En 2011, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) ejerció más de 10 mil millones de presupuesto para sus funciones, de ello más de 3 mil millones fueron para partidos políticos y el resto fue para gasto operativo del IFE; en 2012 (año de elecciones presidenciales) el IFE recibió más de 15 mil y medio millones y los partidos recibieron más de 5 mil millones; en 2013 el IFE gastó casi 11 mil millones y los partidos más de 3 mil y medio millones; en 2014 el reformado Instituto Nacional Electoral gastó poco más de 9 mil y medio millones, de ello los partidos recibieron casi 3 mil millones; en 2015 el INE ejerció ¡casi 19 mil millones de pesos!
Para 2016, el INE gastará casi 15 mil y medio millones de pesos, lo que significa un aumento en 65% en comparación al año 2010, lo cual generó muchas críticas. Para justificarse, Lorenzo Córdova, presidente del INE, dijo que este nuevo instituto “tiene nuevas facultades y responsabilidades”. Insisto: esto es muchísimo dinero público si consideramos que es un gasto enorme para los pocos beneficios y resultados democráticos que nos da nuestra desnutrida democracia.
Pero ¿por qué el INE recibe cantidades tan diferentes año tras año? ¿cuáles son los criterios o justificaciones para que le sean asignados estos recursos millonarios?
Gastos ¿necesarios?
Lo que se toma en cuenta para cambiar la cantidad de dinero que recibe el INE es: si hay desarrollo de las elecciones, si hay nuevos partidos políticos, las actividades para obtener el voto, elaboración de encuestas, gasto en publicidad para partidos y candidatos, gasto en campañas, educación cívica para la población (lo que sea que eso signifique), gasto en asesores, gastos en investigación, gasto para comunicación pública y fortalecimiento informativo, gastos en imagen y promoción (recordemos que Peña Nieto destinó 19 millones diarios en promedio en ese rubro), etcétera.
La experiencia mundial explica (en parte) que las variaciones de costos en votaciones dependen del desarrollo democrático de los países, de modo que en naciones con mayor experiencia democrática multipartidista las elecciones son menos costosas en comparación a aquellos en donde su sistema de elecciones es dirigido como si se tratara de una empresa de reciente creación.
Como regla tenemos que una elección de bajo costo es aquella que destina entre 1 y 3 dólares por votante y eso sucede en lugares como Estados Unidos y la mayoría de los países europeos. En el caso de América Latina, en Chile tiene un costo de 1.2 dólares, Costa Rica de 1.8 o Brasil de 2.3 dólares. La otra cara de la moneda son países donde el costo por elector es más alto como resultado de un menor desarrollo democrático, en México gastamos 5.9 dólares por voto, El Salvador 4.1 o Paraguay 3.7 dólares. La reducción gradual en los costos de las elecciones indica (en la mayoría de los casos y repito, considerando la experiencia internacional) una consolidación gradual de la democrática.
Elecciones en Tamaulipas, las más costosas hasta ahora
Sin contar las impugnaciones (y recordemos que en los últimos años los resultados de las elecciones se deciden en los tribunales más que en las urnas) los comicios en Tamaulipas serán los más costosos de la historia de la entidad debido a que el voto será peleado por nuevos partidos políticos, a que se incrementó el dinero que se le dio a los partidos, a que la organización de las elecciones inició desde septiembre (9 meses de gastos electorales) y porque está vez se cambiarán 22 diputados, 43 alcaldías, además del gobernador. Para todo ello se piensan gastar más de 329 millones, de los cuales más de 57 millones serán sólo para para las actividades de campaña de los partidos políticos, mientras que otra importante suma es para diversas actividades encaminadas “a la obtención del voto”.
En el año 2011, entre todos los partidos registrados en Tamaulipas recibieron casi 50 millones, para 2012 les dieron casi 54 millones, pero en 2013 les otorgaron más de 78 millones para sus gastos. En contraste, en 2015 el instituto electoral del estado recibió casi 111 millones, es decir que en comparación a este año, el incremento fue de más de 218 millones para afrontar los comicios 2016.
En Tamaulipas, un cuarto de la población está en situación vulnerable por diversas carencias sociales (16 de cada 100 tienen rezago educativo, 15 de cada 100 no tienen servicios de salud, 45 de cada 100 no tienen acceso a la seguridad social, 20% están carentes de alimentación adecuada), una de cada 10 personas sobrevive con ingresos que no le alcanzan, cuatro de cada 10 personas están en situación de pobreza, la mitad de la población tamaulipeca tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar y solamente una cuarta parte de la población no es pobre y no está en situación de vulnerabilidad.
Desde 2010 a la fecha, gobernantes han ido y venido en la entidad y los tamaulipecos en pobreza moderada, en vulnerabilidad por ingresos, gente vulnerable por carencias sociales, así como el número de gente no vulnerable prácticamente se ha mantenido igual, es decir, han pasado seis años y las cosas siguen igual, con la diferencia de que los gastos en democracia sí se han incrementado. Los datos de los últimos seis años aquí presentados indican que estas costosas elecciones nos van a traer beneficios significativos, entonces ¿para qué mantener un sistema democrático tan caro que no nos retribuye beneficios importantes? ¿por qué tenemos una democracia más cara que en países de primer mundo e incluso algunos del tercer mundo? ¿a quién le beneficia que tengamos una democracia con costos millonarios y que no sirve para decidir cómo mejorar nuestras vidas? Todo esto sólo nos demuestra que lo más caro no siempre es lo mejor y que, como dijimos al inicio, hay que gastar el dinero de forma inteligente haciendo lo más con lo menos. Valdría la pena que algún día dejemos de derrochar dinero en cosas que no valen la pena.
