Las autoridades incautan pertenencias que casi nunca son devueltas y se han convertido en la fuente de bonanza para las corporaciones policiacas
FUENTE EXCELSIOR
CIUDAD DE MÉXICO.- El 26 de abril de 2016 fue una fecha memorable. Un Departamento de Policía estadunidense, el del municipio (Condado) de Muskogee (Oklahoma), devolvió los 53 mil dólares que sus agentes habían decomisado en febrero a Eh Mah, un inmigrante que representa a una banda cristiana de rock.
El decomiso ocurrió cuando la policía detuvo a Mah, que transitaba en un coche viejo con una “calavera” rota. La combinación de conductor extranjero, auto viejo y dinero en efectivo es casi como el prototipo de lo que la policía estadunidense considera como sospechoso de transportar droga o sus ganancias.
Las acusaciones sobre la creación de “perfiles” de posibles “culpables”, que frecuentemente son personas que no tienen el lujo de poder esperar meses o años para resolver reclamaciones y son vulnerables a las presiones por agentes de policía y fiscales locales alcanzarían cientos, si no millares, de acuerdo con data del Institute for Justice.
En otras circunstancias Mah habría pasado a engrosar el número de personas que obligadas por la mera “sospecha” de delito ven sus propiedades requisadas o se ven obligados a ceder su dinero a los departamentos de policía que los detienen.
El caso de Mah sin embargo fue reportado por The Washington Post, que hace casi dos años hizo un largo trabajo sobre los problemas de los decomisos “legales”. El que el dinero fuera destinado a un orfanatorio no ayudó a los captores.
Pero si no, ese dinero –o al menos parte de él– habría pasado a enriquecer los cofres de la policía de Muskogee.
Después de todo, Estados Unidos están en guerra contra la droga y contra el terrorismo. Y los sospechosos abundan, según señala un libro convertido en la biblia de muchos agentes policiacos de demarcaciones pequeñas, en especial de condados rurales.
“Todos nuestros pueblos están sentados sobre una mina de oro liberadora de impuestos”, afirma Charles Haines (luego identificado como Ron Haim, en su libro Inroads: A Working Solution to America’s War on Drugs (Incursiones: Una Solución Funcional para la Guerra de Estados Unidos contra las Drogas).
Para Haines/Haim, un agente de policía en un municipio de Kane (Illinois), los decomisos son una fuente de bonanza para los departamentos de policía: la “fundada sospecha” de que una persona transporte o haya transportado droga y lleve consigo las ganancias ilegales desató una fiebre que ha producido cientos de millones de dólares en ganancias para esos poblados.
De hecho, se estima que entre 2001 y 2014 las propiedades confiscadas significaron una inyección de más de 1,600 millones de dólares para los departamentos de policía locales.
El mismo agente Haines/Haim aparece actualmente como el administrador de una base de datos informal de información policial por computadora, de dudosa legalidad, que bajo el nombre de Black Asphalt (asfalto negro), que reporta automóviles e individuos “sospechosos”.
Pero el Institute for Justice (IJ) afirmó que no es precisamente ético el que los departamentos de policía tengan un interés financiero en las requisiciones de propiedades presuntamente mal habidas.
En julio de 2013 Guillermo Espinoza y su novia viajaban hacia Texas cuando fueron detenidos por la policía estatal de Arkansas. Durante el registro del vehículo en que viajaban, en el que un perro policía señaló drogas (que nunca fueron encontradas) los agentes encontraron en cambio 19,984 dólares en efectivo que Espinoza alegó, y luego demostró, eran ganancias legales.
Pero la policía los decomisó y a principios de mes la Corte de Apelaciones de Arkansas mantuvo la legalidad de la requisa, pese a que Espinoza no fue acusado nunca de crimen alguno y los fiscales trataron de descartar el caso.
Con todo un juez disidente, Waymond Brown, señaló que “la sospecha sin sustancia no es justa causa para evadir prácticas judiciales establecidas”, consignó el Institute for Justice.
A fines de 2015, el IJ publicó un reporte que bajo el título Policing for Profit (vigilancia por lucro) acusaba que “cada año, la policía y los fiscales en Estados Unidos toman cientos de millones de dólares en efectivo, automóviles, casas y otras propiedades al margen de la culpabilidad o inocencia de los dueños”.
A nivel federal, precisó, en 1986 el Departamento de Justicia recibió 93.7 millones de dólares por confiscaciones en casos civiles; en 2014 fueron 4,500 millones de dólares. El problema está en que las requisas civiles no requieren del mismo rigor de pruebas que las de causa criminal.
“La requisa civil permite que la policía tome propiedad de gente inocente, jamás acusada o condenada por un crimen, y hace fácil para el gobierno la confiscación y difícil para los propietarios recuperarla”, consignó el IJ.
“Tal como están las cosas, no es necesario ser encontrado culpable para que sus bienes sean reclamados por la policía; en algunos estados la sospecha a la par de una ‘causa probable’ es suficiente”, afirmó la revista The NewYorker.
La razón es simple. No es que sólo se trate de perseguir a los delincuentes, a narcotraficantes o lavadores de dinero. Se trata de subvencionar los gastos de la policía en una época de “vacas flacas”.
Pero ha dado lugar a casos como en el pueblo de Tenaha, municipio de Shelby, Texas, donde la policía municipal, con el aliento de la fiscal de Distrito local, Linda Kaye Russell, llegó al extremo de coaccionar a conductores inocentes a ceder su dinero y sus vehículos o ser sujetos de una acusación que podría llevar a sus hijos a un orfanatorio mientras se aclarasen las cosas.
La misma medida de “extinción de dominio” permitió que posibles narcotraficantes interceptados por la misma policía cedieran su dinero y bienes a cambio de quedar libres.
De acuerdo con una demanda de la Unión Estadunidense de Libertades Civiles (ACLU), entre 2006 y 2008 la policía de Tenaha hizo decomisos por alrededor de tres millones de dólares.
La propia ACLU hizo notar que uno de los oficiales de policía señalados en su denuncia, Barry Washington, testificó que consideraba la religión y la etnicidad de los conductores de un automóvil, como factores relevantes para establecer una “sospecha razonable” de actividad criminal.
Washington ganaba 30 mil dólares al año que redondeó con “bonos de actuación” que sumaron 40 mil más en tres años.
Los afectados fueron “cientos o incluso miles”, pero Tenaha no fue ni ha sido la única población o el único departamento de policía que trata de beneficiarse de la “mina de oro”.
