De Patos y Pájaros Impunes
David Brondo

Las fotos de Emilio Lozoya Austin cenando en el fastuoso y exclusivo restaurante Hunan, de Lomas de Chapultepec, son la imagen de un sistema de justicia en franca descomposición. El vivo retrato de un país donde nunca pasa nada.

El ex director de Pemex se encuentra en el epicentro del escándalo de corrupción más grande en la historia reciente del país: está sujeto a proceso por los sobornos de Odebrecht a cambio de contratos gubernamentales durante el sexenio pasado.

La Fiscalía General de la República lo acusa de haber recibido al menos 10 millones de dólares del gigante brasileño de la construcción a cambio de la entrega de contratos de Pemex y gestionar la asignación de otros proyectos del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Las denuncias en su contra son graves: operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. Parte de los sobornos, según la Fiscalía, habría ido a parar a manos de legisladores de la oposición apara aprobar la reforma energética del 2013.

Lozoya también es investigado por la presunta compra irregular de la planta Agronitrogenados, dedicada a la producción de fertilizantes, a Altos Hornos de México. Sin mayores sustentos, la FGR asegura que valía 250 millones de dólares por la planta cuando en realidad valía sólo 50 millones.

Se encuentra confeso de ambos casos. Sin embargo, nada le impide —más que su desvergüenza y la discrecionalidad con que actúa la justicia— acudir a una cena de lujo a degustar en el Hunan con sus amigos el Pekin Duck, el pato laqueado a la pekinesa, una de las exquisiteces de la comida china. El vino tinto, dicen con sorna las redes, fue cortesía del Fiscal Alejandro Gertz Manero.

Esa es la imagen de una justicia traposa: un testigo protegido de la Fiscalía —actor principal en un gravísimo escándalo de corrupción— puede cenar sin mayores miramientos en una atmósfera de refinamiento, elegancia y distinción cuando, se supone, está bajo arraigo.

¿Arraigo? Por favor, no hay cárcel para Lozoya, sino impunidad. La justicia es para los jodidos, los críticos, los incautos y los adversarios del régimen; no para las élites corruptas, educadas, tecnócratas, del sistema político.

Es el mundo al revés: miles de familias de desaparecidos y de víctimas de asesinatos y feminicidios esperan justicia mientras el ex director de Pemex levanta su copa por la libertad, la soberbia, la ostentación. No pasa nada.

El precio de la liberación de Lozoya es torcer la verdad, inculpar a medio mundo a solicitud de la justicia de la Cuarta Transformación, menos a él: desde figuras de la oposición y empresarios refractarios hasta antiguos aliados suyos y empresarios. La figura jurídica de “testigo protegido”permite hacer y deshacer; manufacturar trajes a la medida del Fiscal Gertz Manero y del presidente López Obrador. París bien vale una misa.

Total, vivimos en el país donde no pasa nada. Dos hermanos del presidente, Pío y Martín Jesús López Obrador, son captados en videos recibiendo fajos de billetes en efectivo, pero la justicia no pasa por ellos.

Manuel Bartlett, actual director de la CFE, ha amasado, en familia, una fortuna digna de un magnate neoyorquino. Sus hijos y su novia son propietarios de al menos 23 lujosas casas construidas en zonas de alta plusvalía del Valle de México como Las Lomas, Polanco, Tecamachalco, la Colonia Roma y la “milla de oro” en el Paseo de la Reforma. Pero no pasa nada.

El senador Armando Guadiana “olvida” registrar 28 millones de dólares en su declaración patrimonial en el Declaranet. ¿Y qué pasa? Nada. El fuero es para los poderosos.

El Gobierno de Coahuila contrató durante el sexenio de Humberto Moreira miles de millones de pesos —¡sí, miles de millones!— en una deuda que nadie sabe a dónde fue a parar con documentos apócrifos y, unos años después, durante la gestión de otro Moreira, Rubén Ignacio, se desviaron cientos de millones de pesos con triangulaciones a empresas “fantasma”. ¿Y…?

En Nuevo León hoy salen de nuevo a la luz un sinnúmero de casos de presunta corrupción de la gestión del saliente gobernador independiente Jaime Rodríguez. Desde el “cobijagate”, hasta precios inflados para sujetadores del Metro, drones, licitaciones en salud y hasta una pensión ilegal para la suegra de “El Bronco”. De las gravísimos corruptelas denunciadas a su antecesor, el priista Rodrigo Medina, ya no se dice nada.

A Genaro García Luna, Secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, se le acusa de conspiración y de tráfico de cocaína. Delitos gravísimos. Las acusaciones son en Estados Unidos, obviamente, donde el ex operador panista es procesado. Aquí no. En el pasado se le tocó ni con el pétalo de una rosa; ahora tampoco.

Cuarenta y tres normalistas son asesinados en Iguala y no se hace justicia. Los casos de impunidad se multiplican por todos lados. El número es inacabable. Podríamos seguir y seguir enumerándolos. El combate a la corrupción, la gran bandera que llevó a López Obrador a la presidencia, no se ve por ningún lado. Las imágenes del festín en el Hunan son paradigmáticas de las formas que reviste una justicia revanchista, ideologizada, torpe e inoperante; una justicia concebida como un instrumento de persecución de los adversarios, no de los delincuentes.

En el caso de Lozoya, como en muchos otros, el régimen simplemente se ha hecho pato. Pekin Duck, para ser exactos. Mientras tantos los pájaros impunes siguen volando.

Galerín de Letras

Reportes extraoficiales señalaban ayer que varios trabajadores de la empresa ICA resultaron gravemente heridos durante los enfrentamientos registrados afuera de la construcción de la Refinería Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco. Los hechos, minimizados por López Obrador, exigen una investigación a fondo. Los sucesos de violencia hablan de mucho más que un conflicto entre sindicatos, como sostiene el discurso simplón del presidente López Obrador: “Que se porten bien… no hay nada grave en cuanto a la confrontación”.

Twitter: DBrondo