En los últimos 27 años, el Instituto Nacional Electoral (antes IFE) ha gastado casi 72 mil millones de pesos en la producción de la credencial de elector, que funciona como identificación nacional.
Así como en la construcción del Padrón Electoral, que contiene los datos biométricos de 99.6 millones de mexicanos. Ésta es la base de datos más confiable en el País, pues se calcula que almacena la información del 93 por ciento de las personas mayores de 18 años.
Frente a esa inversión, expertos electorales y en seguridad ven infructuoso y oneroso gastar en la expedición de una nueva identificación oficial, como será la CURP biométrica, cuando el INE cuenta con una infraestructura para expedir 15 millones de credenciales anuales.
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Ese plástico, que no sólo sirve para votar, pues es solicitado en cualquier trámite, es infalsificable, al contar con 40 elementos de identificación y seguridad, características que, advierten los especialistas, difícilmente tendría el nuevo documento gubernamental.
Como sucedió en sexenios pasados, del PAN, PRI y Morena, la Presidente Claudia Sheinbaum revivió la intención de tener una identificación nacional y una base de datos que sirva como una herramienta para combatir al crimen y ayudar en la localización de personas desaparecidas.
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Hace unos días, el Congreso aprobó en varias leyes la Clave Única de Registro de Población (CURP) con huellas dactilares y fotografía, que será el “documento nacional de identificación obligatorio”, por lo que, en físico o digital, deberá ser solicitado para cualquier trámite.
Además, se afirma que habrá una “interconexión” entre bases de datos públicas y privadas, y podrán consultarse por diversas autoridades de manera “inmediata”.
Dichas reformas prendieron focos rojos en dos temas: la sustitución de la credencial de elector por la CURP biométrica y el riesgo de que el Gobierno federal tenga acceso a la base de datos del Padrón Electoral.
Por Agencia Reforma
