Y para acabarla Junta de Conciliación y Arbitraje no da señales de justicia laboral
Eduardo Badillo Martínez, paramédico quien fuera encargado del área de transporte en la Cruz Roja de Reynosa, denunció exactamente hace un infructuoso año ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el ser despedido injustificadamente de la benemérita institución, cuyo patronato preside la señora María Antonieta García de Elizondo.
Fue un 14 de agosto del 2015 cuando Badillo Martínez metió una demanda en la Junta de Conciliación y Arbitraje y hasta la fecha no existe una sola respuesta para quien diera muchos años de su vida a la Cruz Roja de esta ciudad, institución a la cual miles y miles de ciudadanos, instituciones de gobierno, maquiladoras y negocios apoyan anualmente con su dinero, juntando en ello millones de pesos.
El paramédico quien fuera encargado del área de transporte en la Cruz Roja de Reynosa lo único que pide es justicia laboral, tan solo el finiquito por 20 años de esfuerzo y trabajo en esta institución a la cual dedicó el mejor tiempo de su vida y que injustificadamente le arrebataron de las manos.
Durante los veinte años que Badillo Martínez prestó sus servicios a la Cruz Roja de Reynosa, de la cual fue castigado en la actual administración de patronato que preside María Antonieta García de Elizondo, nunca tuvo ninguna de las prestaciones de ley, ni Infonavit, ni Seguro Social, ni nada de eso que se le pareciera.
Inicialmente al paramédico solo de entregaron una suspensión por 120 días, alrededor de cuatro meses sin que a la llamada benemérita institución la importara el estado y calidad de vida de su encargado del área de transporte ni la de su familia.
La demanda en contra de la Cruz Roja de Reynosa, a cargo de la señora María Antonieta García de Elizondo, está vigente pero al parecer nunca hubo citatorios por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado, misma institución de justicia laboral que el año pasado tuvo la manifestación de empleados a los cuales se les afectó muy gravemente en sus pagos, pese a que trabajaron y sus derechos fueron violentados por la misma institución que supuestamente se dedica a defender los derechos de los ciudadanos trabajadores.
