Por El Informador
Varias cortes federales de Estados Unidos analizarán el plan revaluado del presidente Donald Trump para restringir la entrada al país a ciertos inmigrantes, un día antes de que supuestamente entre en vigor.
En Maryland, un juez federal escuchará argumentos de la Unión Americana de Libertades Civiles y otras entidades que quieren detener la nueva directriz y más de media docena de estados están tratando de descarrilar la orden ejecutiva que afecta negativamente a viajeros de seis países mayormente musulmanes.
La demanda de Hawaii va camino a una corte federal en Honolulu, mientras que el estado de Washington, que ganó una demanda para bloquear la restricción original, quiere su propia audiencia ante un juez federal en Seattle. Otros cinco estados han respaldado la apelación de Washington.
Este es un vistazo a lo que está pasando y los obstáculos que enfrenta la nueva restricción: Hawaii argumentará que la nueva orden afectará negativamente a su población musulmana, el turismo y los estudiantes extranjeros. El gobierno federal argumentará que los alegatos son pura especulación. Abogados del departamento de Justicia también dicen que el presidente está autorizado a restringir o suspender el ingreso a Estados Unidos.
En el estado de Washington, el procurador general Bob Ferguson está abogando por una audiencia ante el juez James Robart, quien detuvo la restricción original el mes pasado. Ferguson quiere que Robart aplique el fallo a la nueva restricción.
Ferguson dice que la nueva orden es inconstitucional y afecta negativamente a residentes, universidades y negocios, especialmente a empresas de tecnología como Microsoft y Amazon, que tienen sedes en este estado y dependen de trabajadores extranjeros. California, Maryland, Massachusetts, Nueva York y Oregon han avalado la demanda. Abogados federales dicen que la restricción revaluada es “substancialmente diferente” a la orden original.
Organizaciones que abogan por inmigrantes y la ACLU también han presentado una querella en Maryland, donde el miércoles pedirán a un juez que emita una orden restrictiva, alegando que es ilegal reducir la cantidad de refugiados a mitad del año fiscal. La querella es más amplia, pero la ACLU espera que el juez emita un fallo sobre esa parte del caso, aun si es que otros aspectos de la restricción son bloqueados en otras partes.
