Por Misael D´Mora
Hace apenas un mes, en Tamaulipas aproximadamente 2 mil personas (entre agricultores, maestros y sociedad civil de los municipios de Hidalgo, Villagrán y Mainero, Matamoros y Reynosa) se manifestaron con marchas y cierres mañaneros en la carretera nacional México-Nuevo Laredo, ¿la razón? en reproche por las víctimas de la represión en Oaxaca (con saldo de nueve muertos, decenas de heridos y detenidos) y además lo hicieron en apoyo a los maestros de Chiapas, Guerrero y Michoacán que resisten la reforma educativa en sus estados. Por esas mismas fechas hubo más manifestaciones por el mismo motivo en Quintana Roo, Coahuila, Aguascalientes, Chiapas, Nayarit, Cuernavaca, Morelos; León, Guanajuato, y en Acapulco, Guerrero.
Sobra decir que el sector magisterial, el organizado, el sindicalizado, el pagado con nuestros impuestos es el que se ha expresado en contra de la llamada Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, han hecho públicas sus quejas y sus desacuerdos, en consecuencia la sociedad hemos pagado por sus marchas y bloqueos, hemos visto afectada nuestra vida social, económica y nuestro libre tránsito.
Por otro lado, el gobierno federal, que también sostenemos y pagamos con nuestros impuestos, igualmente se mantiene en su postura de continuar con esta llamada Reforma Educativa tal y como está en su plan; en tanto, la parte social queda en medio de los jaloneos y negociaciones de un puñado de maestros y autoridades… ese es el punto: que la ciudadanía y quienes tienen como derecho constitucional acceso a la educación básica quedaron en medio de estos dos extremos, donde cada contendiente alega por su lado tener la razón y (según ellos), ambos tienen como máxime el futuro de calidad y bienestar educativo de los niños y niñas de este país, pero ¿qué tanto es verdad ello? ¿quién miente? ¿quién manipula? la respuesta parece ser que ambos lo hacen.
Al parecer, a esta reforma se le puso el título de educativa sólo porque tiene que ver con el sector de la educación, pues desde su inicio al echar un ojo a su contenido pudimos ver que en ella dominaban los cambios administrativos y laborales más que métodos para obtener una educación de calidad, así lo dijeron críticos y periodistas desde el principio del conflicto. Por fin en febrero pasado el mismo secretario de educación federal, Aurelio Nuño, reconoció que estos cambios son administrativos y laborales, aunque matizó que fueron así como parte de “una medida política fundamental” para que el Estado comenzara a “reorganizar” el sistema educativo y así poder “recuperar” la rectoría del gobierno sobre la educación, misma que (hay que aclarar) está en manos no de los maestros sino de sus dirigentes.
En riesgo el derecho a la educación
El punto fundamental en el conflicto magisterial es que desde un inicio el gobierno federal mintió u omitió deliberadamente, pues en un afán legitimador y para ganarse simpatías, desde siempre sostuvo en los medios de comunicación nacionales que esta era una Reforma que lograría una educación de calidad; el problema es que no dijo entonces, sino hasta ahora, que esta imposición era parte de un plan que comenzaría con la modificación administrativa del cuerpo de maestros, tal vez y sólo tal vez se antoja que alcanzar una educación de calidad sea más un proyecto a largo plazo, pero ¿le alcanzará el tiempo a esta administración para hacerlo? Por supuesto que no.
Vuelvo al inicio: quienes quedamos en medio de los que toman a la educación como pretexto para justificar sus acciones, ya sean políticas, sindicales o ambas, somos los ciudadanos, los niños y en consecuencia México entero. Sin embargo, otros que también quedan en medio junto a nosotros son los maestros, ¿por qué? porque hay otra realidad que viven la mayoría de educadores en nuestro país cuyos destinos están en manos de sus dirigentes: y es la de los sueldos miserables y con condiciones deficientes para llevar a cabo su labor, estas injusticias emanan de sus cúpulas sindicales.
De todas las formas de corrupción la sindical es la peor, porque se supone que un sindicato defiende derechos laborales, pero en el caso del sindicato de la educación defiende más los intereses de sus líderes y se vende o negocia sus propias conveniencias para equilibrarlas con las de los políticos en turno. Basta recordar que en 2015 se reveló que Rubén Núñez (líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) tuvo un aumento de sueldo y sus ingresos son por más de 70 mil pesos al mes, ¿quién autoriza esta repartición de dinero público? ¿por qué manejarlo como si fuera de su patrimonio?
El gobierno echa la culpa al magisterio diciendo que él controla el dinero y que por ello está comenzando a recuperar el control con la reforma, pero ¿no fue el gobierno priísta el mismo que por acción u omisión permitió por años esta situación? ¿a cambio de qué? pues a cambio de votos y una lista enorme de beneficios políticos debido a que los maestros están presentes en ciudades y comunidades rurales a lo largo y ancho del país, así que eran y son un buen ejército y fuerza de choque del cual los políticos se han servido por década por medio de sus dirigentes. Actualmente el sindicato mexicano de maestros es el más grande de toda América Latina con alrededor de un millón 600 mil afiliados.
Una verdadera reforma en materia de educación debe ser integral y debe pasar por el visto bueno de especialistas. Por supuesto tiene que contemplar el tema del dinero, pero ello no es todo, debe plantearse qué haremos con la educación rural e indígena-bilingüe, el tema de la violencia que se ha manifestado en bullying al interior de las aulas, la tecnología, la inclusión digital, las evaluaciones constantes, medición de resultados, dejar de tener “maestros” aviadores, etcétera. El tema no es nada fácil y en realidad no hemos comenzado a atacarlo.
¿Y cómo está Tamaulipas en la educación?
Algunos consideran que la violencia es uno de los factores que más afectan el aprendizaje en los estados fronterizos, uno de ellos es Tamaulipas donde varias de sus escuelas son el reflejo de la condición de violencia generalizada que se agudizó en México desde que el PAN fue gobierno. Un terrible ejemplo fue cuando por bullying, Héctor Alejandro Méndez Ramírez, un estudiante de secundaria de Ciudad Victoria murió cuando sus “compañeros” lo cargaron, lo mecieron tomándolo por pies y manos, para después aventarlo, golpeándose la cabeza contra la pared y falleciendo por traumatismo craneoencefálico. Sólo tenía 12 años y nadie dentro de la escuela intervino en este lamentable hecho.
En el ranking nacional del Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa Estatal (ICRE, que mide avances, retos en el respeto, protección, promoción y garantía del derecho a la educación) de este año, Tamaulipas está en el lugar 20 de las 32 entidades del país, con una con una calificación de apenas 5.6 sobre una escala de 10.
Así sólo tomando en cuenta números y sin argumentar contextos o justificaciones, las autoridades de Tamaulipas incumplen y no pueden garantizar el derecho al aprendizaje de sus niñas, niños y jóvenes de educación básica.
El ICRE reveló lo siguiente para Tamaulipas:
· 6 de cada 10 jóvenes en secundaria no tienen conocimientos ni habilidades básicas en matemáticas.
· 8 de cada 10 pequeños de apenas 3 años no cursan la educación preescolar.
· 4 de cada 10 próximos maestros de la entidad no tienen la formación apropiada para esta profesión.
· De todas las escuelas públicas de la entidad, sólo 3 de cada 10 fomentan la participación e involucramiento de las familias en la educación de su comunidad.
· En Tamaulipas únicamente un niño de cada 10 que requiere educación especial la recibe.
· Únicamente 3 de cada 10 escuelas públicas tienen instalaciones adecuadas para personas con alguna discapacidad móvil.
· El gobierno de Tamaulipas no tiene información ni registro sobre los maestros de nuevo ingreso.
Como ya lo dijimos anteriormente, en cuanto al cumplimiento para garantizar el derecho a la educación, Tamaulipas apenas obtuvo una calificación de 5.6 sobre 10, es decir que “cumple a medias” con un mandato constitucional.
Por último, el informe de enero de 2015 que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó sobre sus 34 países miembros, dice que México está en último lugar en cuanto a logros académicos se refiere, es decir, nuestro sistema de educación PÚBLICA tiene los peores resultados entre las mayores potencias económicas del mundo.
Así las cosas, una reforma de verdad a la educación pública en México tiene que estar encaminada a mejorar por lo menos los índices de los cuales hemos hablado aquí. El actual conflicto magisterial que vivimos son jaloneos entre gobierno y sindicato, entre los primeros que luchan por tenerlos alineados (como desde hace décadas) y los segundos que ponen precio a esa alineación, por tanto los maestros mal pagados, aquellos que no tienen sueldos de dirigentes y la sociedad estamos en medio de las negociaciones y pactos de políticos y sindicatos, mientras tanto la educación sigue en espera (como desde hace muchos años) de ser reformada en beneficio de las personas, pues como lo ha admitido la SEP: esta reforma es laboral y administrativa. A ver para cuándo llega la verdadera Reforma Educativa, porque evidentemente no será en este sexenio, el cual se empeña en ser recordado como el sexenio de las reformas estructurales.
