“No hay civilización alguna sin estabilidad social. Y no hay estabilidad social sin estabilidad individual”. Aldous Huxley
Desde hace algún tiempo en el país, incluso en el ámbito académico, se ha dejado de hablar del “sometimiento de México a los designios de los grandes entes financieros internacionales”, es un discurso que, salvo ciertos sectores, ha quedado en el olvido.
Pero el hecho de que no se hable con tanta frecuencia de ello, no quiere decir que no ocurra, y ello viene al presente, tras la perspectiva de las calificaciones de largo plazo del país, que realizó Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, y que paso de estable a negativa para nuestro país.
Lo anterior motivo un comunicado del la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que encabeza, Luis Videgaray, en el que afirmó que continuarán con los esfuerzos para fortalecer el marco para la conducción de la política macroeconómica y en particular la fiscal, acelerando la instrumentación de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.
La SHCP afirma que continuará el proceso de consolidación fiscal para llevar los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 2.5 por ciento del Producto en 2018, así como un superávit primario a partir de 2017, y con ello estabilizar la razón de deuda pública a PIB.
Todas estas calificaciones expresadas en BBB+ y A-2 o bien en A y A-1 se traducen en acciones que dictan las políticas aprendidas en prestigiosas universidades extranjeras por quienes dirigen las instituciones financieras del país.
Entre otras cosas esto implica que el gobierno aprobará un menor nivel de endeudamiento y que continuará realizando ajustes en diversos sectores, previsiblemente el gasto social, equivalente a 95 mil millones de pesos.
No se trata aquí de defender el endeudamiento, por supuesto que no, si no de señalar que bajo diferentes códigos y tecnicismos, el gobierno mexicano actúa en función de los dictados de los mercados internacionales, sobre lo que ellos piensan y les fue enseñado era el mejor camino para “el desarrollo” y no en función de los intereses nacionales, que esto no necesariamente están peleados con aquellos en el fondo, pero sí en la forma.
Aquí lo criticable es el hecho de que el gasto corriente del gobierno no disminuye, se mantiene, ese gasto expresado en las indignantes sumas de dinero de viáticos, de compra de automóviles del año de seguros médicos de funcionarios y un largo etcétera, es decir el gasto que no es productivo, en suma, en la distribución de los recursos de forma discrecional y que hasta hoy ha sido tolerada por una clase media temerosa de perder lo poco que tiene y soportada por una clase baja que no atina a pensar en otra cosa que no sea que va a comer y de dónde va a sacar para sus gastos al día siguiente.
