Por 24 Horas
CIUDAD DE MÉXICO.- Mandatarios estatales, funcionarios del Gobierno federal, partidos políticos, diputados y senadores pretenden tirar las reglas del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringen el uso de recursos públicos y privados para promocionar su imagen, así como la emisión de informes de labores y asistencia a inauguración de obras por parte de funcionarios.
De acuerdo a una revisión a los registros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), existen más de 300 impugnaciones en contra de los lineamientos denominados “Cancha Pareja”, que entrarán en vigor el próximo 8 de septiembre con el objetivo de que los aspirantes a un cargo de elección popular en 2018 compitan en condiciones equitativas.
El Tribunal Electoral deberá resolver dichos juicios en las próximas semanas y determinar si es legal que los servidores públicos con aspiraciones electorales inauguren obras y aparezcan en spots y en publicidad pagada por el erario; así como el caso de aspirantes sin cargo que paguen, con recursos privados, la promoción de su imagen.
En concreto, los lineamientos que Garantizan la Equidad entre los Participantes en la Contienda Electoral 2017-2018, indican que la propaganda de gobierno, a partir del 8 de septiembre, sólo “podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal o local”.
A su vez, la “propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al Gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”.
En el caso de los aspirantes sin cargo, deberán abstenerse de contratar cualquier tipo de propaganda y bajar, antes del 8 de septiembre, los spots, espectaculares y cualquier anuncio donde aparezca su imagen.
Entre los actores políticos que impugnaron los lineamientos se encuentran Misha Leonel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la República; Eruviel Ávila y Miguel Ángel Yunes, gobernadores del Estado de México y Veracruz, respectivamente; César Camacho, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, así como la legisladora y actriz Carmen Salinas.
A su vez, también impugnaron la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) y otras empresas de medios digitales, así como decenas de diputados federales y senadores que se oponen a la restricción de utilizar recursos públicos para comprar publicidad y promocionar su imagen.
