Por Jesús Rivera
Porque es un problema que no para al vivir cerca de los Estados Unidos, la organización Unión Democrática Campesina está favor de que la regularización de autos usados sea permanente.
Con el decreto presidencial que tuvo cuatro años de vigencia, se lograron legalizar miles de vehículos, sin embargo, hay una cantidad mucho mayor que aún circulan por las calles del país y siguen entrando porque existe la demanda de ese tipo de unidades.
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Personas de los estratos socioeconómicos bajos no son clientes potenciales de las agencias de autos nuevos. La única opción que tienen es conseguir uno usado al precio que les permita su economía.
En torno a esta problemática que se agudiza día con día, sin un decreto especial de regularización de por medio, el presidente nacional de la UDC, José Juan González Guerra apuntó que están a favor de que sea un trámite permanente, donde los usuarios paguen los impuestos correspondientes, que son mucho más accesibles que los que tendrían que aportar si el trámite lo hacen ante la Aduana.
En rueda de prensa encabezada por el dirigente nacional, José Juan González Guerra, la representante estatal Guadalupe Zapata Orozco, el coordinador de la zona norte, Rolando Anaya y el coordinador de la zona noreste, Rubén Alcaraz, se dio a conocer que esa organización cuenta en Reynosa con un promedio de 2,500 afiliados y unos 150 mil en Tamaulipas, a los que proporcionan no solo los cartones y engomados, sino asesoría legal y técnica cuando estos la requieren, al viajar a otras entidades del país.
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González Guerra dijo que el objetivo de la UDC es buscar un nuevo decreto presidencial con costos accesibles, pero que además, sea permanente.
“Este es un problema que no termina, no termina y no termina-apuntó. Yo creo que el gobierno mexicano debe checar y dar la oportunidad a las familias mexicanas que no tienen para comprar un vehículo nuevo nacional. Darles esa oportunidad para que paguen sus impuestos y los impuestos estatales por medio de los refrendos anuales y de esa manera se pudiera terminar la corrupción que hay por ahí”-expresó.
La UDC rechazó las acusaciones de otras organizaciones, -las cuales no identificó para no darles publicidad gratuita- y mostró documentos que puedan la legitimidad de su existencia y sus operaciones en por lo menos quince Estados del país, incluyendo Tamaulipas.
