Una jueza federal bloqueó temporalmente las deportaciones rápidas de migrantes indocumentados del gobierno de Donald Trump, pues dicha medida supone una violación del debido proceso legal.
En enero, Trump restableció la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que aplicó en su primer mandato y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años o más en el país.
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La jueza Jia Cobb emitió un dictamen en el que critica la medida, opinando que “prioriza la rapidez” y “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.
Dicha política fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de la entidad Make The Road New York, quienes pidieron bloquear su efecto, a lo que la jueza ha accedido.
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La denuncia argumentaba que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Cobb señala que “al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso”.
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Además, agregó que, “al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso”.
“Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”, sentenció la jueza.
