Por El País
Desde mediados del año pasado cuando comenzó a aplicarse en todo el país el nuevo sistema de justicia penal que privilegia la presunción de inocencia, unos 20.055 presos han dejado las cárceles. En algunos Estados los gobernantes han señalado que el aumento de la violencia se debe a esta liberación de reos. Sin embargo, especialistas en el tema penal aseguran que esto es mentira y es una excusa de los gobernantes que no realizan indagatorias sólidas y no hacen correctamente su trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Antes de que entrara en vigor el nuevo sistema acusatorio, la prisión preventiva —el método de encarcelar a las personas mientras se demuestra si son culpables o inocentes— era usada de manera irracional y excesiva. Especialistas en el tema y organizaciones de la sociedad civil han denunciado que las cárceles están llenas de personas sin sentencia y que cometieron delitos menores como robos. Un 60% de la población penitenciaria está acusada de ilícitos no violentos y en muchos casos se les dictan penas de tres años de cárcel, señalan las estadísticas de los expertos.
La reforma penal busca cambiar el sombrío panorama. Con las modificaciones legislativas ahora se garantiza que los imputados en algún delito sean tratados como inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Además les permite acogerse a medidas cautelares para seguir su proceso en libertad cuando se trate de ilícitos no graves, disminuyendo así el uso de la prisión preventiva que, a diferencia de antes, ahora se usa exclusivamente para delitos graves como secuestro, delincuencia organizada y homicidio doloso, entre otros.
