Por Sin Embargo
Especialistas y activistas aseguraron que las autoridades mexicanas se encuentran deslegitimadas para solicitar el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a las deportaciones que planea Estados Unidos. La indiferencia de la actual administración en materia de derechos humanos ha diluido la imagen del país frente a los organismos internacionales.
“Desafortunadamente hoy quien nos representa en el Estado mexicano carece de legitimidad para acudir a las instancias internacionales. Y para defender los derechos de sus propios ciudadanos. Justo en esos temas han sido bastante omisos, negligentes. Han cometido abiertamente violaciones a Derechos Humanos las cuales han verificado las propias instancias internacionales”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El actual Gobierno federal se ha caracterizado por cuestionar cada observación hecha por los órganos multilaterales.
El caso más reciente ha sido el recién publicado informe sobre derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), que indica la práctica generalizada de desapariciones forzadas y tortura.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en respuesta, resaltó que el informe era global; de tal suerte que los cuestionamientos de AI, dijo: “Son prácticamente los mismos” a nivel mundial, reportó el diario La Jornada.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de AI México Tania Reneaum Panszi no duda que, de acudir, México será bien recibido por Naciones Unidas. Mas no dejó pasar las contradicciones del Gobierno cuando se habla de derechos humanos.
“¿Qué es lo interesante del Estado mexicano?, que hacia fuera tiene una increíble agenda de derechos humanos, que ayuda a promover y a impulsar, pero que hacia adentro hay una brecha entre lo que ayuda a impulsar y promover, y lo que ocurre”, dijo la Directora.
El informe “2015-2016” de la organización hizo énfasis en la violencia y la impunidad que atraviesan el país.
La Procuraduría General de la República (PGR) revisa a nivel federal 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura, apuntó el trabajo. Pero ante los ojos internacionales este delito no querido ser reconocido.
En marzo del 2015, el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, ratificó en un informe final, lo previsto un año atrás en su visita a México; que la tortura era una práctica “generalizada” en el país.
“Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, puntualizó el Relator.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó la mención.
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, contestó Jorge Lomónaco, entonces Embajador de México ante la ONU.
Frente a una oleada de ataques de funcionarios y medios de corte oficialistas. Méndez expuso su sentir en una carta al Gobierno mexicano: “Jamás vi mi integridad ni ética cuestionadas, hasta ahora”.
Pese a que el Relator solicitó desde septiembre del 2015 una nueva visita a México, ésta no se llevó a cabo sino hasta el 12 al 21 de diciembre del 2016. Pero, sin la presencia de Méndez. Y en la que el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se limitó a dar sus conclusiones al Gobierno federal.
