Por Andrea Santa María
Luego de que el día de ayer se anunciara el aumento de hasta el 20% en los precios de gasolina y diésel aplicables en el país a partir del 1 de enero, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) señaló que, además del impacto económico que debe considerar el Gobierno Federal, existe un importante riesgo en el tema de seguridad que debe ser tomado en cuenta.
Sandra Guardiola Sáenz, presidenta del organismo, señaló que, si bien se están contemplando mejoras en materia de seguridad energética “con todas estas nuevas reformas”, no deben limitarse únicamente a la cuestión de vigilar el almacenamiento de los combustibles ya que, con el alza en los costos, se crea un ambiente propicio para otro tipo de acciones ilegales en la distribución de los energéticos.
Entre éstas, destacó la exposición que se tiene a la venta de gasolina adulterada o de maneras ilegales, señalando que “muchas de las cosas que suceden tienen que ver con actos de corrupción, de ilegalidad, de impunidad y ya hemos tenido conocimiento de que, en algún momento no se ha tenido control de esto y ahora tenemos las secuelas”.
Sin embargo, señaló que además de enfocarse en reforzar este tipo de cuestiones, el Gobierno debe hacer un análisis profundo de la fórmula para determinar los precios, flexibilizando el cobro de IETU e IVA que son los que determinan casi el 40% del pago final por litro de combustible.
“El cambio se prevé que sea a largo plazo y que los precios no sólo se incrementen sino se ajusten a la baja. Aquí la vigilancia de que se haga en la legalidad es muy importante para no caer en los errores que han estado sucediendo”.
