El gobierno federal intervino en el caso de las médicas residentes que denunciaron agresiones sexuales presuntamente ocurridas en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria, luego de que el tema escalara a nivel nacional y generara exigencias de investigación y castigo a los responsables.
La titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno federal, Citlalli Hernández, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que tanto ella como la subsecretaria del área han establecido contacto directo con las doctoras afectadas, así como con autoridades del sistema de salud federal y del estado.
De acuerdo con el mensaje publicado, las funcionarias federales mantienen comunicación con el programa IMSS-Bienestar y con autoridades estatales para implementar acciones que garanticen que no haya impunidad en este caso.
“Sobre el tema de las médicas residentes en Tamaulipas que han denunciado agresión sexual en un hospital, informo que desde la Secretaría de las Mujeres hemos estado en contacto con las médicas, con el IMSS-Bienestar y con autoridades estatales”, señaló Hernández en la publicación.
La funcionaria federal añadió que el objetivo es acompañar el proceso y asegurar que las denuncias sean atendidas de manera adecuada, además de generar mecanismos que permitan prevenir este tipo de situaciones dentro de los centros hospitalarios.
Asimismo, indicó que por instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se deberán tomar medidas inmediatas tanto de atención como de prevención.
Entre las acciones anunciadas destaca la creación de un espacio institucional dentro del sistema IMSS-Bienestar para que mujeres médicas puedan denunciar libremente cualquier tipo de violencia o agresión dentro de su entorno laboral.
El caso de las médicas residentes del Hospital Infantil ha generado preocupación dentro del sector salud y en distintos colectivos de defensa de los derechos de las mujeres, quienes han pedido una investigación a fondo y garantías de protección para las denunciantes.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente el avance de las investigaciones ni el número exacto de denuncias presentadas; sin embargo, la intervención de instancias federales marca un nuevo nivel de seguimiento al caso que ha causado indignación entre personal médico y organizaciones civiles.
