Dos décadas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, perpetrados mayoritariamente por terroristas sauditas, el reino ultraconservador de Arabia Saudita sigue negando su participación en los hechos y se esfuerza en proyectar la imagen de un país aliado de Occidente, abierto y tolerante, tras una serie de reformas económicas y sociales.
Los atentados reivindicados por la red yihadista Al Qaida causaron cerca de 3,000 muertos y varios más después por enfermedades relacionadas con los rescates, en Nueva York, Washington y Pensilvania, en el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Sólo 60% de las víctimas mortales de ese día han sido identificadas. Y muchas más han fallecido o reportado enfermedades en años posteriores, a consecuencia de los hechos.
Tras un tiempo de crisis, Arabia Saudita consiguió volverse a acercar a su aliado estadounidense. Pero ha sido en estos últimos años, bajo el impulso del príncipe heredero Mohamed bin Salmán, que el reino ha lanzado varias reformas para salir de la dependencia del petróleo y modernizar su imagen, acusado de exportar una doctrina sunita wahabita rigurosa.
Hoy en día, las mujeres están autorizadas a conducir, los cines reabrieron y los conciertos pop pueden ser mixtos. Estas reformas constituyen “una de las consecuencias a largo plazo” de 9/11, estima Yasmine Farouk, investigadora en el centro de reflexión Carnegie Endowment for International Peace.
Según las familias de las víctimas de los ataques, varios documentos secretos podrían contener pruebas de que el gobierno saudita tenía vínculos con los autores. En principio, casi 1,800 víctimas se oponían a la participación del presidente Joe Biden en cualquier evento conmemorativo del vigésimo aniversario de 9/11 a menos que mantuviese su promesa electoral de desclasificar documentos sobre la presunta participación de líderes de Arabia Saudita en esos crímenes.
Finalmente, Biden ordenó desclasificar documentos hasta ahora secretos sobre la investigación que llevó a cabo el FBI para aclarar los mayores ataques terroristas que ha vivido EE.UU. en su historia. El objetivo de la orden ejecutiva al Departamento de Justicia es que el fiscal general Merrick Garland los publique durante los próximos seis meses, indicó la Casa Blanca.
El miércoles, la embajada saudita en Washington celebró del anuncio y reiteró “el apoyo desde hace tiempo” para esta operación, con el fin de “poner fin de una vez por todas a las acusaciones sin fundamento contra el reino”, reportó Deutsche Welle.
En 2018, el príncipe Mohamed declaró que quería suprimir todos los elementos “extremistas” del sistema educativo. “No hay duda de que la intención está, pero la puesta en marcha llevará tiempo”, opina Kristin Diwan, del centro Arab Gulf States Institute en Washington.
Las reformas sociales no han supuesto, sin embargo, el fin de la represión contra la oposición y la sociedad civil, con un régimen especialmente hostil al debate público. Las ONGs internacionales han elogiado estas reformas, pero siguen denunciando la represión brutal contra las voces críticas, como la encarcelación de las activistas feministas o el asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi en la embajada saudita en Turquía, en 2018.
POR EL DIARIO
