Por Minerva Hernández
MATAMOROS, Tamaulipas.- En Tamaulipas las nuevas disposiciones del sistema de justicia penal se ha convertido en un aliado de los delincuentes, por eso las Cámaras de Comercio de Tamaulipas van a pedir a los nuevos legisladores que realicen modificaciones al Código Penal del Estado.
Para que los ladrones de comercios no tengan derecho a fianza o no pueden salir, porque con el nuevo sistema de Justicia penal los ladrones ya no pueden ser detenidos y además no basta la denuncia del ofendido porque se tiene que presentar testigos para que se acredite el delito.
La gran mayoría de las veces los testigos son gente que a pesar de estar presente en el robo no quieren meterse en problemas y no van a declarar y ahora es obligatorio que el afectado deberá confrontar al ladrón y si no lo hace sale libre.
Definitivamente los más afectados con estos cambios son los comerciantes y un ejemplo pasó hace unos días donde un ladrón muy conocido allá por el sector Poniente asaltó un minisúper los habitantes y el dueño lo vieron y se lo llevó la policía, pero a la semana ya andaba libre.
Porque a pesar de que el propietario del establecimiento presentó denuncia y fue al Centro de Justicia penal alternativa, no pudo llevar los testigos porque nadie quiso ir y el detenido fue puesto en libertad.
Esto se convirtió en un problema reiterativo en el comercio y que los mismos ladrones asaltan debido a que hay muchos candados que tienen que cumplir para que proceda una denuncia y a esto se suma que no hay policía preventiva en el municipio para atender este tipo de problemáticas.
Algunos comerciantes afirman que ya están cansados de los robos que han aumentado en Matamoros y hay sectores de la ciudad donde hay ladrones ya conocidos que cuando son detenidos apenas pasan días para nuevamente ser vistos por las calles.
Otro ley que tiene este nuevo sistema es que si una persona entra al domicilio de cualquier ciudadano y le roba todas sus pertenencias no es un delito grave, está calificado en segunda categoría y se procede a llevar a el ladrón con un juez para que se reúna con él afectado para que se llegue a un arreglo y evitarse los procedimientos legales.
